El agravio comparativo con la cúpula judicial

La larga marcha de los jueces y fiscales en sus reclamaciones salariales ha tenido como detonante en los últimos años la relativa facilidad con que la cúpula del poder judicial logró subidas salariales de hasta un 60% mientras los jueces de base mantenían congeladas sus retribuciones. La cúpula jurisdiccional -es decir, los 83 magistrados del Tribunal Supremo- pasaron en 1998 de 10 a 16 millones de pesetas anuales brutas, y la cúpula gubernativa -los 21 consejeros del Poder Judicial- de 13 a 16 millones de pesetas.En contraste con estas retribuciones, los jueces de ingreso perciben poco más de cinco millones de pesetas al año, con lo que el salario de los que más cobran triplica holgadamente a la de los que menos remuneración reciben. Unos y otros son titulares de uno de los poderes del Estado, el judicial.

Esta situación, que en ámbitos empresariales puede considerarse normal, "nunca ha sido así en la judicatura, por lo que la ampliación del abanico salarial ha producido una gran ruptura en la carrera", manifiesta uno de los negociadores por Jueces para la Democracia, Javier Martínez Lázaro, quien recuerda que la pérdida de poder adquisitivo del colectivo de jueces, calculado por el propio Consejo General del Poder judicial (CGPJ), ha sido de un 18%.

Alza lineal y productividad

En la lucha por el aumento retributivo, en el que todas las asociaciones judiciales van ahora juntas, inicialmente había opiniones diversas. Mientras que la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura prefería un aumento lineal, la progresista y minoritaria Jueces para la Democracia abogaba por una subida salarial en la que se tuviera en cuenta la productividad.

La decisión del CGPJ, en cumplimiento de su Libro Blanco de la Justicia, de tomar en consideración la productividad zanjó el problema. El CGPJ estableció módulos mínimos de trabajo y estimó muy útil que aquellos jueces y magistrados que superaran tales mínimos percibieran unas retribuciones complementarias, con las que se remuneraría el aligeramiento de los atascos que sufren numerosos órganos judiciales. Finalmente, fue el CGPJ el que estableció que la recuperación del poder adquisitivo de jueces y magistrados podía evaluarse en un 18%, al que había que añadir un 7% para remunerar los casos de plus de productividad que lo requirieran.

La cifra global del 25% de aumento reclamada por los jueces y magistrados -y junto a ellos, por los fiscales- no es, pues, una iniciativa de los colectivos afectados, sino el resultado de unos cálculos realizados por el CGPJ, que finalmente han sido asumidos por todas las asociaciones, incluso por las que inicialmente no estaban de acuerdo con el complemento de productividad. En todo caso, los jueces estiman que ese 25% está muy por debajo del 60% de subida salarial para los del Supremo.