Los pagos por los daños causados por la Administración no tributarán

Las indemnizaciones satisfechas por la Administración por los daños físicos o psíquicos causados por el mal funcionamiento de los servicios públicos no tributarán a Hacienda, según el anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social remitido ayer por el Gobierno al Consejo Económico y Social para su estudio. El borrador prevé una exención expresa para el caso de los damnificados por la riada de Biescas (Huesca), en 1996, que causó 87 muertos.

Los pagos que efectuén las administraciones a quienes sufran daños de carácter físico o psíquico debido al mal funcionamiento de cualquier servicio público no tendrán que tributar a Hacienda, de acuerdo con el borrador de la ley de acompañamiento de los Presupuestos generales del año 2000. Además, esta medida será retroactiva.En su reunión de ayer, y entre otras medidas, el Consejo de Ministros decidió enviar al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social para su dictamen, previo a su aprobación, según informó el ministro portavoz, Josep Piqué.

Se da la circunstancia de que el texto incorpora una exención expresa para el caso de los afectados por la riada que se produjo en el cámping Las Nieves, de Biescas (Huesca), el 7 de agosto de 1996 y que costó 87 vidas.

Días atrás, precisamente, trascendió la persecución de que estaba siendo objeto José Antonio Cifuentes, padre de un niño víctima de las aguas, por parte de la Agencia Tributaria de L"Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Un millón de pesetas

Cifuentes, funcionario de la Diputación de Barcelona, recibió en su día tres millones de pesetas del Gobierno aragonés como indemnización por el fallecimiento de su hijo, arrastrado por la fuerza del torrente. Hacienda le acusaba ahora de haber obviado en su declaración de la renta de las personas físicas correspondiente a ese ejercicio, 1996, "las subvenciones, auxilios y ayudas satisfechas por las administraciones públicas" y le reclamaba el pago de un millón.

"También recibí 1,7 millones de ayuda por parte de la Unión Europea", ha afirmado Cifuentes, que igualmente perdió a una cuñada en esa catástrofe, "pero no declaré nada porque creí que estaba exento de hacerlo". La Agencia Tributaria, en sus escritos, no hacía alusión alguna al apoyo comunitario, pero sí consideraba un aumento de patrimonio los otros tres millones.

Ante la reclamación de Cifuentes, el Ejecutivo aragonés, en cuyo decreto sobre esas aportaciones no se dijo expresamente que estaban exentas, había elevado una consulta al efecto a la Secretaría de Estado de Hacienda.