Políticos chilenos denuncian que se ha enrarecido el clima social por la detención de un militar próximo a Pinochet

El ministro de la Presidencia chileno fue claro: "Hay un clima político enrarecido". La detención el miércoles por la noche del que fuera jefe de la policía secreta del exdictador Augusto Pinochet y miembro de la Junta Militar, el general retirado Humberto Gordon, fue el detonante. Gordon está acusado de participar en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, cometido en la dictadura, en 1982. El exnúmero dos de la Central Nacional de Informaciones (CNI, la policía secreta de Pinochet), el brigadier retirado Roberto Schmied, procesado como cómplice en el mismo crimen resolvió trasladarse durante algunas horas al regimiento Buin para no recibir la notificación judicial, lo cual añadió inquietud. Al no tener respaldo del Ejército, Schmied abandonó el regimiento Buin ayer por la mañana.Los militares en retiro se solidarizaron ayer con Gordon, tal como ya lo hizo la familia de Pinochet. Al término de una reunión con el comandante en Jefe del Ejército, el general Ricardo Izurieta, el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro, el general Gerardo López, calificó como "agravio" y una "injuria" a las Fuerzas Armadas el procesamiento de Gordon y afirmó que existe una "virulenta campaña de desprestigio" contra los militares y su gobierno. Insulza reaccionó: "Es un error pretender manifestar solidaridad de grupo en estos casos; sólo perjudica a quien lo practica". El presidente Eduardo Frei reiteró que las resoluciones judiciales deben ser acatadas.

Entre otras visitas que recibió ayer Gordon en el Hospital Militar donde está detenido, estuvo la de la esposa de Izurieta, Beatriz Linzmayer. Pero las demostraciones de solidaridad de los actuales mandos del Ejército con los generales que están siendo procesados no han traspasado las barreras legales ni parece existir esa disposición.

La nueva actitud que muestran los jueces en los casos de violaciones a los derechos humanos, de investigar en los casos sujetos a la ley de amnistía (1973-1978) autodictada por el régimen de Pinochet, y de avanzar con rapidez en aquellos juicios posteriores, ha puesto al Ejército en un nuevo escenario, incómodo y a la defensiva.