Fiscales andaluces discuten sobre los delitos ecológicos en Sevilla

Alrededor de 30 fiscales de toda Andalucía se reunieron ayer en Sevilla para participar en el seminario Delitos contra el medio ambiente, flora y fauna. Una jornadas que se celebran bajo el influjo del vertido tóxico por la rotura de una balsa minera en Aznalcóllar (Sevilla), cuyo juicio, paralizado desde julio de 1998, se podría reiniciar en breve. El fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Sevilla, Arcadio Martínez, anunció que la prueba pericial en la que están trabajando dos profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña "estará terminada a finales de este mes". Martínez adujo que el retraso, llevan trabajando más de un año, se debe a los problemas en la llegada del dinero necesario para realizar las labores de peritaje. Sin embargo, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno andaluz, Juan Carlos Campo, atribuyó la tardanza de las conclusiones de los expertos a "la complejidad de una tarea pericial de este tipo". Campos comentó que "no tenía constancia de que el informe podría estar terminado este mes". Aunque el fiscal de Medio Ambiente aseguró que una persona puede ir a la cárcel por un delito ecológico, descartó esta posibilidad en la causa de Aznalcóllar "ya que en un principio, éste no es un delito doloso", es decir, fraudulento. Por su lado, Campo apuntó que "se debería evitar recurrir al derecho penal" para denunciar este tipo de infracciones y optar "por el ámbito del derecho administrativo". El director general de Relaciones con la Administración de Justicia destacó la necesidad de la preparación de los fiscales y que estos "acepten la nueva sensibilización de la sociedad" por las cuestiones medioambientales. Campo señaló que estas jornadas se enmarcan en un programa formativo emprendido por el Gobierno andaluz hace dos años, y que en esta edición participarán 400 jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales. Arcadio Martínez también demandó más medios y más personal para las fiscalías de Medio Ambiente.