Frei afirma que la negativa de España contradice sus conversaciones con Aznar

El presidente chileno, Eduardo Frei, acusó ayer a España de incumplir los tratados vigentes tras el rechazo del Gobierno español a someter a arbitraje la disputa judicial por el caso Pinochet: "El camino del arbitraje lo propusieron ellos después de la Cumbre de Río de Janeiro, por lo tanto son ellos los que han cambiado de posición, como lo han hecho muchas veces durante los últimos meses".Frei agregó que la negativa a aceptar un arbitraje contradice sus conversaciones de junio pasado con el presidente José María Aznar durante la Cumbre Eurolatinoamericana, e instó al Ejecutivo español a "definir una línea". Frei hizo estas declaraciones en Santiago al regreso de la cumbre económica de países de Asia y el Pacífico en Auckland (Nueva Zelanda).

Chile invitó "formalmente" el pasado día 3 al Gobierno español, mediante una carta enviada por el ministro de Exteriores chileno, Juan Gabriel Valdés, a "iniciar de inmediato conversaciones" para someter a un arbitraje el conflicto suscitado tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, informa José Miguel Larraya. El argumento central de la misiva es que el Gobierno chileno considera que los tribunales españoles han violado la Convención contra la Tortura al pretender ejercer jurisdicción sobre el ex dictador solicitando su extradición para enjuiciarlo por presuntos delitos de tortura.

Valdés solicita del Gobierno español la urgente aplicación del artículo 30 de la Convención de la Tortura, suscrita por ambos Estados, y que les obliga a someter sus diferencias sobre la interpretación de la Convención a negociaciones, arbitraje o a la consideración de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Respuesta de Matutes

En la carta de respuesta, enviada por Matutes el pasado 13 de septiembre y a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, el titular de Exteriores acepta abrir las negociaciones, como pide la Convención, pero adelanta que el Gobierno español rechaza el arbitraje, como informó este diario en su edición de ayer. El argumento del Gobierno chileno contra la acción de los tribunales españoles reside en que la extradición solicitada por España ha quedado circunscrita a la Convención de la Tortura, de 1984, ya que la justicia británica ha determinado que los casos susceptibles de extradicción sólo se refieren a presuntos delitos de tortura, lo que afecta únicamente a ciudadanos chilenos."El Gobierno de Chile estima que España no tiene jurisdicción sobre hechos ocurridos en Chile, en contra de chilenos y por un presunto responsable de esta misma nacionalidad", afirma la carta de Valdés, que reitera que, en cualquier caso, "Chile tiene una clara prioridad para juzgarlos".