Dictamen "pro parte"

Esta semana el Consejo de Estado ha terciado en la polémica sobre la competencia estatal o autonómica para incrementar las pensiones no contributivas y asistenciales, emitiendo un dictamen en el que se sostiene que la competencia es estatal y que, en consecuencia, el decreto de la Junta de Andalucía que aprobó la subida de las pensiones no contributivas sería anticonstitucional. Inmediatamente todo el aparato propagandístico del Gobierno, el oficial y el oficioso, se ha lanzado a una campaña de intoxicación, dando a entender que la opinión del Consejo de Estado es del mismo rango que la del Tribunal Constitucional y que el asunto no está nada claro. Y nada está más lejos de la realidad. El Consejo de Estado es un órgano consultivo, cuyos dictámenes carecen de fuerza vinculante. El Tribunal Constitucional es el "máximo intérprete de la Constitución", cuyas decisiones se imponen a todos los poderes públicos sin excepción. El dictamen del Consejo de Estado y el auto del Tribunal Constitucional son sencillamente incomparables. Están en planos distintos que no pueden ser confundidos. El auto del Tribunal Constitucional por el que se levantó la suspensión inicialmente acordada del decreto de la Junta de Andalucía que decidía la subida de las pensiones no contributivas y asistenciales, era en realidad una invitación al Gobierno de la Nación para que desistiera de su pretensión, porque no tenía razón alguna. Políticamente se puede estar o no de acuerdo con la decisión de la Junta de Andalucía, pero constitucionalmente no es objetable. El título competencial que está en juego no es el de seguridad social, sino el de asistencia social. Si fuere el primero, la competencia sería del Estado. Si es el segundo, la competencia es de la comunidad autónoma. El auto del Tribunal Constitucional dice que el título competencial en juego es el de asistencia social y por eso decidió lo que decidió. Esto es lo que desconoce el dictamen del Consejo de Estado de manera incomprensible. Afirmar que la seguridad social es competencia del Estado, es algo que nadie discute. Lo que ocurre es que lo que la Junta de Andalucía sostenía al dictar el decreto y lo que el Tribunal Constitucional ha dicho en el auto mencionado es que no estamos ante una decisión que encaja dentro del título competencial seguridad social, sino dentro del de asistencia social. Y sobre esto el dictamen del Consejo de Estado no dice nada. En lugar de actuar "imparcialmente", como debería hacerlo, el Consejo de Estado ha actuado como si fuera el abogado del Gobierno, emitiendo no un dictamen pro veritas, sino un dictamen pro parte, carente de valor jurídico y que únicamente tiene sentido para que pueda ser utilizado como arma política. Desgraciadamente no es la primera vez en esta legislatura que el Consejo de Estado actúa de esta manera. Me temo que no sea la última.JAVIER PÉREZ ROYO