El comisario Monti afirma que no actuará contra el régimen fiscal vasco, sino contra sus "desviaciones"

El futuro comisario europeo de Competencia, Mario Monti, aseguró ayer que el Ejecutivo comunitario de Romano Prodi no será beligerante contra la autonomía fiscal del País Vasco, pero sí actuará contra las "desviaciones" que se produzcan en su aplicación y vayan contra los principios del Tratado de la Unión Europea. El italiano Monti va a ser el encargado de instruir el expediente general de infracción que acordó abrir en julio la anterior Comisión Europea contra los incentivos fiscales a la inversión dispuestos por las diputaciones forales y el Gobierno de Navarra y que puede suponer un severo recorte del margen de maniobra en esta materia.La declaración de Monti se produjo a preguntas del europarlamentario de Eusko Alkartasuna Gorka Knörr (adscrito a Alianza Libre Europea, un subgrupo de Los Verdes) en la comisión de control del Parlamento Europeo a los miembros propuestos para la futura Comisión Europea. El comisario se ciñó en sus respuestas a la doctrina defendida por su antecesor en la Dirección General de la Compentencia, el belga Karel van Miert, que impulsó una investigación general contra los incentivos fiscales vascos tras llegarle dos denuncias por su utilización, una sobre el caso Daewoo, en el que la Comisión ya declaró ilegales la mayor parte de las ayudas concedidas por las Administraciones vascas a la firma coreana, y otra sobre los supuestos beneficios recibidos por la empresa Ramondín para trasladarse desde Logroño a la vecina localidad alavesa de Laguardia.

"Quiero despejar dudas. La Comisión no está poniendo en tela de juicio que la región vasca pueda ejercer su autonomía fiscal, pero lo debe hacer de acuerdo con las normas establecidas en el Tratado [de la Unión Europea]", recalcó Mario Monti. En este sentido, precisó que cuando la Comisión ha actuado contra los incentivos fiscales vascos no lo ha hecho por ser "medidas de carácter regional", sino por el carácter "específico" de las mismas.

El Tribunal de Justicia de la UE debe pronunciarse también antes de fin de año sobre la compatibilidad de este tipo de beneficios con el Tratado de la Unión.