Independencia para juzgar a Pinochet

Como ciudadanos chilenos-españoles valoramos con enorme interés las declaraciones del canciller socialista Juan Gabriel Valdés en el sentido de que se dan las condiciones para que Augusto Pinochet sea procesado en Chile por las acusaciones sobre delitos a partir del año 1973, destacando que, en cambio, la causa que instruye en España el juez Baltasar Garzón está limitada a los casos posteriores a 1988, en cumplimiento del fallo de la Corte de los Lores británicos.El loable propósito expresado por el ministro de Exteriores debe traducirse en medidas irrefutables y concretas. El Gobierno chileno tiene que convencer previamente a la opinión pública nacional e internacional y acometer sin dilación las modificaciones legales pertinentes que garanticen la total independencia de los tribunales civiles para juzgar al ex dictador, sin interferencias ni amenazas a la estabilidad del país. La incertidumbre sobre las ventajas de que el "senador vitalicio" sea liberado y enjuiciado en Chile continúan sin disiparse. Ni siquiera en el tiempo transcurrido desde su detención en Londres, los partidos de centro-izquierda han podido consensuar acuerdos con los políticos más inmovilistas de la derecha con el fin de introducir los ajustes legales que permitan revertir la situación de entrampamiento: modificar la Constitución de 1980, derogar la Ley de Amnistía, eliminar la figura de los senadores designados, disminuir poderes a las Fuerzas Armadas... Los reiterados obstáculos en el Parlamento han bloqueado los intentos de cambios legislativos relevantes y decisivos que saquen al país de esa especie de transición en libertad condicional y cuya fragilidad ha quedado en evidencia con el caso Pinochet.

Resultará saludable para la evolución del proceso democrático chileno que Pinochet se responsabilice de sus actos como instigador del golpe de Estado de 1973 y que sea juzgado por las querellas sobre genocidio y terrorismo que instruye el juez chileno Juan Guzmán.

Pero su eventual proceso en Chile no excluye que también se someta a la acusación popular en el sumario que se sigue en España. Con ello se fortalecerá el principio de la independencia judicial y será un elemento ejemplarizante en la protección universal de los derechos humanos y un escarmiento para los dictadores (o candidatos) que pululan por el mundo.

Aplicar el resquicio de "razones humanitarias" para liberar a Pinochet no es precisamente un acto de justicia ni una demostración de equidad y solidaridad hacia las víctimas del régimen que él dirigió. Sus problemas de salud y los riesgos de graves enfermedades son los normales en cualquier persona de 83 años. El supuesto "grave deterioro físico y psíquico" que aducen sus allegados no le ha afectado la arrogancia y la soberbia que le caracterizan. Ni tampoco le han impulsado a pedir perdón por sus acciones.

Los acontecimientos en torno al caso Pinochet están tomando un cariz y velocidad imprevisibles. Confiamos en que los valores éticos se impongan sobre los económicos, que la justicia avance en su camino progresista y que el Gobierno español no se desvíe de la línea que ha mantenido de respeto al Estado de derecho.

El pueblo chileno y quienes lucharon para terminar con la dictadura se merecen empezar el nuevo milenio con las heridas del pasado sanadas y con la ilusión de una sociedad en que nunca más se atropellarán los derechos fundamentales de las personas.-