Billón eléctrico

La Comisión Europea ha pedido aclaraciones al Gobierno respecto a los datos aportados para justificar las ayudas al sector eléctrico destinadas a compensar el recorte de beneficios ocasionado por la liberalización del mismo. Las eléctricas han restado importancia a la indagación de Bruselas, pero no deja de ser un nuevo indicio del erróneo planteamiento del Ministerio de Industria, y no podrá decir que no fue advertido.Lo hizo en tiempo y forma la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que cuestionó tanto el concepto como la cuantía. El resultado fue la dimisión del presidente de esa comisión, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tras presiones muy visibles. El mes pasado, sin embargo, Bruselas dio la razón al dimitido: no se trata de indemnizaciones -de algo a lo que las empresas tuvieran derecho-, sino de una ayuda pública, sometida, por tanto, a la normativa sobre la competencia. Ahora se cuestiona también la cuantía. La Comisión no se opone a que se acuerden ayudas, pero exige fiscalizarlas a fin de evitar que interfieran en la libre competencia. Esa fiscalización es lo que ahora está en marcha. La Comisión constata grandes diferencias sin aparente justificación en los costes de producción y financiación, y un índice de utilización de las plantas muy inferior al de otros países.

Son datos que en conjunto revelan la aparente intención de inflar los costes para justificar mayores ayudas. Las empresas dijeron ayer que su cálculo inicial era el doble del finalmente aceptado (1,3 billones de pesetas) a cambio de percibir las cantidades por adelantado. Pero el acuerdo contempla un incremento del 4,5% en la tarifa de consumo, a percibir por los bancos que anticipan el dinero. Si Bruselas anulara o recortara la ayuda, el problema afectaría a millones de consumidores. Es decir, sería un problema político y no sólo técnico. Y alguien tendría que responder. Como mínimo, de su imprudencia.