Condenado a 10 años de cárcel el empresario que sobornó a Gabriel Cañellas

Antoni Cuart, el empresario que sobornó al ex presidente del Gobierno de Baleares, Gabriel Cañellas, con 50 millones de pesetas para obtener la adjudicación de las obras del túnel de Sóller, según el Tribunal Supremo, ha sido condenado a diez años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.La figura procesal de la prescripción del delito, que salvó a Cañellas de la condena en 1997, no fue tomada en consideración por los magistrados de la Audiencia de Palma para atenuar la pena impuesta a Cuart, que también tendrá que indemnizar con 255 millones de pesetas a sus ex socios de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. La defensa del empresario y abogado anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Cañellas "purgó" con su ostracismo político -fue obligado a dimitir del cargo de presidente del Ejecutivo balear en 1995 por José María Aznar- la estrategia que siguió para recaudar fondos para el Partido Popular de las islas. Los 50 millones fueron "atomizados" en diez cheques de cinco millones cada uno para no dejar rastros e ingresados, más tarde, en diferentes cuentas de los populares en Palma de Mallorca, según la sentencia del Supremo.

Su socio en la trama -descrita con gran precisión en dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Supremo- había salido indemne, hasta ahora. Cuart fue hallado culpable de cohecho, pero eximido de una condena en firme por prescripción.

Ha sido un fiscal inasequible al desaliento, Joan Carrau, el que instó la causa penal por estafa, apropiación indebida y estafa en contra de Cuart, desgajada del caso Sóller. Carrau, acusador en el sumario principal, incluso, quiso recurrir la sentencia del tribunal balear, que aplicó la prescripción a Cañellas, pero la Fiscalía del Supremo se opuso.

La sentencia, hecha pública ayer por la Audiencia de Palma, proclamó la validez de todas las acusaciones realizadas por el fiscal y concluyó que Cuart empleó una factura falsa para justificar los pagos de dinero. Los jueces señalan que la conducta del empresario es merecedora del más serio reproche penal, en cuanto es ejecutada por quien ostenta el máximo cargo de confianza en la administración de la Concesionaria del Túnel de Sóller.