Garzón pide que la Constitución incluya la responsabilidad penal del Rey

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, es partidario de modificar la Constitución para incluir la responsabilidad penal del Rey y poder así ratificar el estatuto del Tribunal Penal Internacional. La Carta Magna establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", pero, según explicó Garzón, en la norma del Tribunal Penal Internacional desaparece cualquier tipo de privilegio o inmunidad, soberana o de cualquier otro orden.El estatuto, detalló Garzón, habla de que "no puede oponerse a su aplicación distinción de clase alguna basada en cargo oficial y que, en ningún caso, aunque se trate del jefe del Estado, se eximirá de la responsabilidad penal, ni se podrá reducir la pena". También especifica, añadió, que no se admitirán reservas a su contenido. "Por tanto, me inclino por que se modifique la Constitución en este punto para prever la responsabilidad del jefe del Estado", concluyó.

El magistrado hizo ayer estas declaraciones en la clausura del curso La globalización de la justicia penal. El Tribunal Penal Internacional, que ha dirigido esta semana en la sede de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. El juez destacó además que la legislación española tampoco recoge otros dos aspectos esenciales del estatuto del Tribunal Penal Internacional, lo que también obstaculiza su ratificación: las penas de cárcel perpetua y el concepto de crímenes contra la humanidad.

El estatuto de creación de este tribunal fue aprobado en Roma hace un año y se requiere la confirmación de 60 países para que entre en vigor. Hasta el momento sólo ha obtenido la de cuatro. El objetivo del organismo será la toma de medidas ante la barbarie y la indefensión de las víctimas de atrocidades y violaciones de los derechos humanos y la lucha contra los crímenes de guerra y los genocidios.

España participó activamente en la elaboración de este estatuto y, según Garzón, "debería ahora encabezar la ratificación de los países de la UE y hacerlo en esta misma legislatura". Para que esto fuera posible se tendrían que activar los dictámenes pendientes del Consejo de Estado.