La historia de un peritaje de parte de algunos acusados

El 13 de julio de 1995 el procurador Antonio Andrés García-Arribas presentó ante el juzgado 3 bis de la Audiencia Nacional un escrito firmado por Miguel Ángel Gómez de Liaño, en nombre del acusado Arturo Romaní. El escrito pedía al juez Manuel García-Castellón la nulidad de las actuaciones y, entre otras diligencias, proponía "el nombramiento de tres peritos pertenecientes al Colegio de Titulares Economistas de Madrid y designados por el decano de los mismos para que, en relación con los hechos que se contienen en la querella, dictaminen sobre todas las operaciones e informaciones facilitadas por el Banco de España, Banco Español de Crédito y por los peritos nombrados por el juez, una vez que éstos concluyan el trabajo encomendado por el juzgado". El juez Miguel Moreiras, que sustituía en vacaciones a García-Castellón, admitió la propuesta de los peritos economistas. Más tarde, García-Castellón respetó esta decisión pero se limitó a solicitarles un informe sobre las operaciones de la querella criminal contra los ex administradores.

El caso es que la defensa de Mario Conde quería que los economistas designados por Gerardo Ortega -quien a su vez había realizado en noviembre de 1994 un informe sobre normativa contable bancaria para Mario Conde, según encargo del economista Ramón Tamames- apareciesen también como "peritos judiciales" y no de parte. Los tres economistas se dirigieron poco después de su designación a la secretaria del juzgado 3 bis, Paloma Salcedo de Mingo, para pedir una provisión de fondos. La secretaria les dijo que el juzgado ya tenía peritos nombrados y que, siendo un peritaje de parte, debían pedir los fondos a quienes habían solicitado la pericia. En este caso, la defensa de Arturo Romaní.

Los peritos informaron de esta actitud a sus clientes. Fue Miguel Gómez de Liaño quien habló primero con la secretaria para conocer su punto de vista. Más tarde, Mariano Gómez de Liaño, entonces abogado de Mario Conde, habló por teléfono con la secretaria.

Le señaló que era mejor que el pago a los tres peritos lo hiciera el juzgado, aunque se le podían allegar los fondos desde fuera (esto es, por la defensa de los acusadoas) porque de ese modo se podía evitar la imagen de un peritaje pagado por los acusados, lo que mermaría su credibilidad. La secretaria Paloma Salcedo de Mingo le explicó que no era posible hacerlo, ya que se trataba de peritaje de parte. En su informe, los tres peritos economistas no dudan de la racionalidad económica de las operaciones que se enjuician.