Cierres, fianzas y reciclaje

El cierre de las escombreras ilegales (42 de las 90 existentes en la región) y el reciclaje obligatorio de los desechos de la construcción son dos de los objetivos del Plan de Gestión Integrada de los Residuos Inertes que la Consejería de Medio Ambiente quiere aprobar el próximo septiembre. Este departamento es el encargado de planificar, permitir y controlar las escombreras desde que, en 1998, entró en vigor la Ley Básica de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente. El plan, con una duración prevista de 10 años, divide la región en 13 zonas. En cada una habrá un único vertedero de escombros (de nueva planta o ya existente), excepto en el área de la capital, donde está previsto un máximo de cuatro.

El reciclaje de los desechos, obligatorio, tendrá una utilidad añadida: las tierras no deberán ir forzosamente a los vertederos, sino que servirán para sellar las graveras o canteras obsoletas. Los escombros deberán someterse a un proceso de clasificación para extraer materiales como el hierro antes de quedar compactados al aire libre o reconvertirse en áridos que sirvan para producir nuevos materiales de edificación.

"Gestionar correctamente los residuos inertes costará 40.000 millones de pesetas en 10 años", calcula el director general de Calidad Ambiental, Ignacio López-Galiacho. Ese dinero deberá salir del bolsillo de quien cree los residuos, pero encarecerá las obras.

La consejería proyecta que los ayuntamientos obliguen a los constructores a depositar fianzas que garanticen el vertido legal de escombros. Y promete fuertes sanciones para quienes descarguen fuera de los vertederos, un problema demasiado frecuente.