La división en Bancaixa impide una fusión con la CAM sin pacto previo

El resultado de la asamblea general de Bancaixa celebrada anteayer en Castellón, donde más de un tercio de los consejeros votó contra la entrada de más políticos del PP en los órganos de gobierno de la entidad, dificulta la fusión con la CAM, dado que la operación requiere del apoyo de dos tercios de la asamblea. La fusión, objetivos del Consell, requerirá de un consenso previo con los partidos políticos de la oposición y sectores presentes en las cajas, a pesar de la mayoría absoluta lograda por el PP el 13 de junio.

La votación el pasado jueves en la asamblea de Bancaixa resultó elocuente. Más de un tercio de los consejeros -representantes de los partidos políticos, impositores y sindicatos- rechazaron la operación orquestada por el PP para dotar a dos de sus políticos, el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, de voto, además de voz en la Fundació Caixa Castelló, de Bancaixa, que gestiona un presupuesto anual de 1.000 millones de pesetas. Esta propuesta salió adelante por estrecho margen: 76 votos a favor, 68 en contra y 14 abstenciones. La oposición procedió de los consejeros designados a propuesta del PSPV-PSOE y de EU, así como de los sindicatos y de los impositores de la caja de ahorros. La Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSEAP), institución fundadora de la caja, secundó la propuesta del consejo de administración, dado que gran parte de sus consejeros ni votaron en contra ni se abstuvieron. Los opositores justificaron su rechazo en la necesidad de despolitizar el funcionamiento y los órganos de gobierno de las cajas. La entrada de Gimeno y Fabra, ambos del PP, no vulnera ninguna ley pero se contradice con la intención, tantas veces reiterada por el PP, de salvaguardar a estas instituciones de vaivenes políticos. La intervención previa del vicepresidente de Bancaixa, Antonio Tirado, que propiciara hace unos años la incorporación, con voz pero sin voto, del alcalde y el presidente de la Diputación, causó estupefacción entre los consejeros que exigieron explicaciones sobre la reforma del artículo 18 de los estatutos de la Fundació Caixa Castelló. Este cambio, que tenía por objetivo darle el derecho a voto a Fabra, Gimeno y al rector de la Universidad Jaume I de Castellón, Fernando Romero, se realizó por indicación del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat. Los consejeros que se opusieron a la reforma estatutaria separaron la situación de Romero, quien no ostenta ningún cargo partidista, de la de los dos políticos del PP. Además de esta polémica, los principales sindicatos con representación en Bancaixa -UGT, CC OO y SATE- votaron en contra de la gestión del consejo de administración y de la aplicación de resultados que éste propuso a la asamblea general. Según explicó ayer la sección sindical de CC OO de Bancaixa, el voto de castigo iba contra la política de personal de la institución financiera. Concretamente, esta organización sindical está en contra de la diferenciación entre el personal "antiguo" de Bancaixa y el "nuevo", que cobra hasta un 30% menos que el primero. "Todo ellos en una situación de beneficios continuados de la empresa", destacó CC OO. Con este escenario, la fusión con la CAM, que requiere del refrendo de dos tercios de sus respectivas asambleas, se complica si no existe un consenso previo con el resto de fuerzas políticas, sindicatos e impositores. Y para conseguir este pacto será preciso que el consejo de Bancaixa acredite con "números y papeles" que esta operación es viable, beneficiosa y no se saldará con un elevado coste social.