La alcaldía más disputada

Las previsiones apuntan a que la alcaldía de Santurtzi será la más disputada de la Margen Izquierda en los comicios del 13 junio. La comparecencia conjunta de PNV y EA en las urnas puede poner en peligro la soberanía del PSE-EE en localidad.En las elecciones de 1995, los socialistas se hicieron con la Alcaldía sólo por una diferencia de 74 votos sobre el PNV. Los socialistas con su alcalde Francisco Javier Cruz, a la cabeza, han unido sus 7 escaños a los 7 del PNV, en el pacto de Gobierno que han mantenido en la legislatura a punto de concluir. Las nuevas alianzas entre nacionalistas del PNV y EA en las próximas elecciones y de ambos con EH en el Ejecutivo de Vitoria, hacen prever que el fragil pacto PNV-PSE va a concluir. Sin embargo, ésta es la opción más deseada por los vecinos de Santurtzi, según una encuesta reciente. Además, existe otro factor novedoso y es que el descenso de su población por debajo de los 50 mil habitantes conlleva la pérdida de cuatro de los hasta ahora 25 escaños, según la ley electoral. Portugalete, sin embargo, continuará con sus 25 representantes municipales. Hasta ahora, la corporación municipal estaba dirigida por el socialista Miguel Angel Cabieces, que, como en todos los ayuntamientos de la Margen Izquierda, ha pactado el gobierno municipal con el PNV durante los cuatro últimos años. Ésta etapa del gobierno municipal en Portugalete se cierra con un retraso continuado en la aprobación de sus presupuestos anuales que ha llevado a la presentación de protestas por parte de la oposición. Los cuatro concejales del grupo municipal de IU fueron más allá e impugnaron los relativos a los años 1995 y 1996 por entender que las cuentas no casaban. Ésta formación también interpuso una denuncia en julio del pasado año ante el juzgado de Barakaldo contra la Alcaldía de Portugalete por un delito de supuesta prevaricación y tráfico de influencias y negociación prohibida de funcionarios. Tras el archivo de la causa por el juez, IU recurrió y el Mnisterio Fiscal de la Audiencia Provincial de Bilbao aceptó el delito de negociación prohibida. Una empresa formada por dos funcionarios del Ayuntamiento facturó 200 millones de pesetas entre 1990 y 1996.