Viñals: "La gestión es buena"

Simón Viñals, concejal de Sanidad y uno de los máximos impulsores de la privatización de la funeraria, no sufre duelo por haber vendido un muerto que hoy goza de tan buena salud. Cuando se privatizó, la funeraria estaba en números rojos, ahora no baja nunca de 1.000 millones de beneficio cada año. "El proceso de privatización no fue oscuro ni sospechoso. Se eligió la mejor oferta. El resultado ha sido bueno. Estaba en quiebra y ahora da el 51% de los beneficios al Ayuntamiento y ha mantenido puestos de trabajo". Viñals, consultado sobre el entramado accionarial de Funespaña, dice: "Si tienen chanchullos en el extranjero, no lo sé. La gestión es buena". Viñals no ve problemas en que el presidente de Funespaña derive la gestión corporativa hacia una empresa de su propiedad, Astaldo, con lo que suma nuevos beneficios al margen de los dividendos. "La gestión la tienen que hacer los privados. Y no la van a hacer gratis", dice.

Dado que la gestión corporativa, realizada por dos empresas de socios o directivos de Funespaña, consume el 20% de los beneficios antes de impuestos y Funespaña obtiene el 49% de dividendos, asegura que no sabe qué porcentaje del pastel se lleva el municipio. "Yo soy cirujano digestivo", alega.

Viñals asegura que en el contrato de 1992 se estableció que la funeraria debía devolver los 2.272 millones. Esto choca con las declaraciones fiscales de la empresa que, año tras año, lo contabilizó como "beneficio extraordinario" debido a la condonación de la deuda aprobada en pleno.

José Ignacio Rodrigo es asesor de la funeraria desde julio de 1992 y desde principios de 1993, semanas después de su privatización, socio de la firma adjudicataria, Funespaña, que preside desde 1995. Rodrigo niega toda sospecha de tráfico de influencias o de haber usado información privilegiada: "Ni recomendé que se privatizara la funeraria, ni intervine en nada de eso. Funespaña era pequeñita, pero ya tenía experiencia". Rodrigo, además, afirma que nunca estudió su privatización, sino su régimen legal. Acepta que su empresa y la de un directivo copan la gestión corporativa de la sociedad y del grupo.