UGT acusa a las diputaciones de legalizar nuevas bolsas de fraude al mantener invariable la tabla de retenciones

El aplazamiento hasta el año 2000 en la implantación de las nuevas retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha llevado a UGT a señalar: "Los que soportan unas retenciones superiores a lo que realmente deben pagar a Hacienda deberán presentar su declaración para obtener su devolución pertinente, es decir, no se ha mejorado la gestión como se prometía para liberar medios y dedicarlos a la inspección, y, como novedad, aquellos que tienen que pagar habitualmente al presentar su declaración, si ganan menos de cinco millones, podrán evitar este pago en la declaración de 2000, es decir, de nuevo se está legalizando una bolsa de fraude". Mientras, la patronal Confebask expresó ayer su satisfacción por la determinación de las haciendas forales vascas de prorrogar hasta el próximo año la tabla de retenciones del IRPF, en vigor desde enero pasado, y diseñar un nuevo modelo que "no penalice a las empresas". En un comunicado, la patronal vasca considera que las diputaciones atienden así a su petición de que "el nuevo sistema que se establezca no imponga a las empresas las nuevas y complejas obligaciones fiscales que se estaban barajando". Para Confebask, la aplicación en el País Vasco del sistema de cálculo de retenciones establecido en el resto del España hubiera supuesto "una enorme presión fiscal indirecta para las empresas", ya que, según relata, éstas se habrían visto obligadas a realizar "en la práctica" la declaración de la renta a sus trabajadores. "Una función ésta", agrega el comunicado, "que ni les corresponde ni para la que están preparadas, especialmente si se tiene en cuenta que el 95% de las empresas vascas cuenta con menos de 10 trabajadores". Los empresarios creen que la determinación de las instituciones forales de arbitrar un nuevo sistema que permita a sus haciendas certificar la retención aplicable a cada trabajador sin incrementar la presión fiscal indirecta sobre las empresas, "además de constituir un sistema eficaz y coherente con las tendencias existentes en la UE, orienta la actuación de las diputaciones hacia un impuesto más simple y sencillo de gestionar, y minimiza su impacto en el ámbito socioeconómico".