Las Juntas de Álava aplazan a febrero la decisión sobre Garoña

Después de casi dos años de trabajos, los grupos políticos representados en las Juntas Generales de Álava cerraron ayer sin un acuerdo la última reunión prevista para emitir una declaración conjunta sobre la central nuclear de Santa María de Garoña. Convocaron una nueva cita para febrero. Todos los partidos coinciden en trabajar en favor del cierre de la instalación burgalesa, situada a cinco kilómetros del límite con la zona occidental de la provincia. El desacuerdo reside en una palabra: "inmediato". Los socialistas, Izquierda Unida y Herri Batasuna proponían la inclusión de este concepto, y solicitar al Gobierno central que no alargue más la vida de la central, la más antigua de España. Sin embargo, chocaron con las tesis de PNV, PP, UA y el Grupo Mixto -EA no se alineó con ninguno de los dos bloques-, remisos a incluir un plazo en su solicitud de cierre. Ante la imposibilidad de un acuerdo, la ponencia se citó de nuevo para el 9 de febrero. A la reunión se llegará con una lista concreta de propuestas de cada partido. Se ha fijado un plazo, el 29 de enero, para que cada grupo aporte iniciativas, que se votarán una a una en la reunión de febrero. Será entonces cuando se redacte un texto institucional. La ponencia de las Juntas Generales comenzó en junio de 1997 y en este tiempo los partidos se han entrevistado con representantes de todas las partes implicadas, desde directivos de Santa María de Garoña hasta grupos ecologistas y protección civil, entre otros. El viernes pasado, el Ayuntamiento de Vitoria aprobó una moción en la que declaró la ciudad como "no nuclear" y pidió el cierre de la central, aunque no se obtuvo unanimidad para aclarar en qué términos. La capital alavesa está ubicada fuera de la acción del Plan de Emergencia Nuclear, que engloba un radio de 30 kilómetros.