Los inmigrantes copan el nuevo juzgado contencioso de Alicante

Los inmigrantes de Alicante agotan las vías para mantenerse en la provincia. La implantación de un juzgado de lo contencioso-administrativo en la capital, que funciona desde el pasado 15 de diciembre, ha animado a miembros de este colectivo a pleitear contra las resoluciones de expulsión que dicta la Subdelegación del Gobierno. El titular del nuevo juzgado, Javier Martínez, aseguró ayer que durante estos primeros días del año se están recibiendo "muchos" recursos de extranjeros, la mayoría de ellos por denegación de permisos de residencia y de la exención de visados. Pero la vía judicial sólo está al alcance de unos pocos. Iniciar un procedimiento contencioso-administrativo es caro y, a pesar de que los gastos son ahora menores que cuando estos asuntos sólo podían presentarse ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, son difícilmente costeables para este colectivo de escasísimos recursos económicos. Emplazado provisionalmente en la última planta de la Audiencia de Alicante, el nuevo juzgado tramita ya medio centenar de casos. Recursos en materia de personal, sanciones de tráfico y tributos locales son, al margen de las apelaciones de los inmigrantes, los casos más frecuentes que han comenzado a procesar sus ocho funcionarios. La sede definitiva se implantará en la futura Ciudad de la Justicia, junto a los juzgados de Benalúa. Los asuntos de planeamiento y gestión urbanística, materias de gran conflictividad en Alicante durante los últimos meses, se seguirán recurriendo ante el TSJ. El tribunal con sede en Valencia también se reserva los casos de sanciones superiores a los tres millones.