La Junta y los adjudicatarios del casino sevillano tildan la suspensión del TSJA como algo "muy menor"

La suspensión cautelar de la adjudicación del casino de Sevilla ha sido recibida con un moderado optimismo por parte de los afectados, la empresa que pretenden instalar el centro en Tomares y la Junta de Andalucía. El director general de Espectáculos Públicos y Juego de la Junta, Rafael Martín de Agar, aseguró ayer que la situación tiene muy fácil solución y que "a nadie se le oculta que detrás de un proyecto de estas características hay conglomerados de sociedades", y apostó por la pronta solución con una nueva redacción, que ponga los nombres propios de los representantes antes de las sociedades para las que trabajan. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se esgrimía que la Junta se había saltado una norma del reglamento autonómico sobre juego en la que se exigía que los administradores del futuro casino debían ser personas físicas y no jurídicas o sociedades. En la propuesta de Gran Casino Aljarafe aparecen tres sociedades entre los administradores. El abogado de la citada sociedad, José María del Nido, apela por su parte a la jerarquía de las leyes y la jurisprudencia y considera que la ley de Sociedades Anónimas está por encima del citado reglamento autonómico y, al igual que los responsables del Ejecutivo regional, considera que el parón será breve y "fácilmente subsanable". El recurso impuesto por Manuel Lao y Leisure and Gaming Corporation consta de más de una veintena de folios y apela a cuestiones tales como la "alarma social" que la concesión podía generar. Sin embargo, el TSJA, que no considera que hubiera perjuicio a los demandantes con la decisión de la Junta a favor de Gran Casino Aljarafe, en este primer auto, sólo destaca el citado defecto de forma. Desde el otro lado, se tiene una percepción diferente y, por ejemplo, el abogado Emilio Pérez Ruiz, que por su parte ha presentado recursos contra la adjudicación, aseguró ayer a la agencia Efe que esta suspensión cautelar dilatará todo el proceso en al menos un par de años, debido a los plazos habituales en la sala de lo Contencioso-Administrativo. Por su parte, Izquierda Unida pidió ayer la dimisión de la consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, al considerar que la decisión judicial demuestra que el proceso de adjudicación del casino está viciado. El Ayuntamiento de San Juan Aznalfarache (PP-IU) se congratuló también ayer del auto del TSJA y apostó por la opción demandante, que establecería el casino en suelo de su municipio.