El Congreso debate hoy la propuesta del PSOE para elaborar una ley de financiación

Los diputados decidirán hoy en el Pleno del Congreso si admiten la proposición de ley de financiación educativa presentada por el PSOE en el mes de febrero, en la que se reclama una inversión adicional de 615.950 millones en cuatro años para todo el país.La propuesta cobra relevancia en este momento, a las puertas de las concesión de las transferencias educativas a las siete comunidades que aún no cuentan con ellas. Para los socialistas, una ley de financiación "propiciaría un pacto educativo y permitiría concluir las transferencias con el respaldo económico necesario", señala Clementina Díez de Baldeón, portavoz de Educación en el Congreso. Según los cálculos del PSOE, de acuerdo a las cantidades incluidas en su propuesta, a Cataluña, por ejemplo, le correspondería una inversión complementaria de alrededor de 90.000 millones de pesetas; a Andalucía, de 150.000 millones, y a Madrid, de 62.000 millones.

Los socialistas, que cuando estaban en el Gobierno rechazaron elaborar la ley de financiación, aceptaron su necesidad, una vez en la oposición, tras recibir a finales del pasado año la petición de una ley de financiación por parte de las 18 organizaciones sociales que realizaron la Declaración Conjunta en favor de la Educación, promovida por la Fundación Encuentro.

Esta misma plataforma pidió en el mes de junio que se retrasara la tramitación parlamentaria de la proposición socialista al anunciar el Gobierno su intención de presentar un proyecto de ley de financiación que, sin embargo, hasta el momento, no han llegado a realizar.

"Quedan cuatro años para que se concluya la implantación de la reforma educativa, que este curso ya se ha extendido a toda la enseñanza obligatoria. Por eso es ahora cuando hay que poner en marcha un plan de financiación realista", explica Díez de Baldeón. "La crisis económica de hace algunos años dificultaba esta posibilidad. Ahora es cuando se están comprobando las necesidades y es una barbaridad dejar la educación a expensas de las mayores o menores posibilidades con las que cuente una u otra comunidad".

La propuesta socialista incluye la ampliación de la oferta pública y subvencionada de educación infantil de tres a seis años, la dotación de profesores de refuerzo de matemáticas y lengua, la bonificación fiscal a las empresas que colaboren con los centros de FP y el aprovechamiento de los colegios en horarios más amplios.

Otras medidas hacen referencia al profesorado. Se pide la creación de un sistema de incentivos para los docentes, basado en la valoración objetiva de su trabajo, individual y en equipo, y de su participación en proyectos.