Un complejo muro legal impide acciones judiciales contra el ex dictador en su país

Dirigentes políticos y abogados especializados en derechos humanos coincidieron ayer en señalar que, en las actuales condiciones políticas y jurídicas del país, es imposible juzgar hoy a Augusto Pinochet en Chile. Con la excepción de la derecha, que, víctima de su desesperación, intenta todos los caminos para que el senador vitalicio retorne; algunos -y el Gobierno no lo descarta- se manifiestan dispuestos a un juicio en el país, todos saben que Pinochet es intocable en Chile. Un grueso muro blindado, que el ex dictador se encargó de erigir antes de abandonar el poder en marzo de 1990, protege al militar como una coraza invulnerable.Como senador, disfruta del fuero parlamentario, según el cual, para sentar en el banquillo a un diputado o senador se requiere de un desafuero previo concedido por una corte de apelaciones. Tiene además, desde 1978, la Ley de Amnistía, autopromulgada por la dictadura militar, que cubre la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile, las perpetradas entre 1973 y ese año. Y por el tiempo transcurrido, muchos de los crímenes están prescritos.

Si el juez Juan Guzmán, que investiga 11 de las 14 querellas criminales presentadas contra Pinochet, decide procesarlo, la justicia militar está en condiciones de pedir el caso. Por eso, muchos interpretan las querellas como un gesto testimonial.

El ambiente político tampoco es proclive, con un Ejército que aún guarda un fuerte sentimiento de lealtad a quien fuera su jefe durante 25 años, según las fuentes, a un juicio.

Las dos mayores presiones abiertas que han realizado los militares durante la democracia, ambas en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), tuvieron su origen central en acusaciones de corrupción que implicaban a Pinochet y a un hijo suyo, y que lograron ser eficientemente frenadas después del gruñido castrense. Con énfasis, el senador democristiano Jorge Lavandero afirmaba ayer que no es posible juzgar a Pinochet en Chile. "Antes de pensar en un juicio en Chile, el ministro Insulza tendría que lograr un compromiso de la derecha para cambiar la legislación".

Pero el diputado socialista Juan Pablo Letelier, cuyo padre fue asesinado por la dictadura en Washington, va más allá incluso, porque no cree en la palabra de la derecha. "Habría que botar las leyes", afirma. Recuerda que los jueces civiles no pueden entrar en las unidades militares para investigar. En una entrevista a la revista Qué Pasa, un ex diputado del Partido por la Democracia, Jorge Schaulsohn, sostuvo que "todo el mundo sabe que en Chile no se le va a juzgar [a Pinochet] ni ahora ni nunca". Compartiendo estas razones, el abogado Alfonso Insunza, especialista en derechos humanos y representante de la familia de Carmelo Soria, el ex funcionario español de la ONU asesinado por la dictadura en 1976, planteó ayer que Pinochet tiene derecho a un juicio justo, "y los únicos países que pueden dar esa garantía son los europeos, donde las democracias son estables". Agregó que "no hay ninguna posibilidad de juicio al dictador. La impunidad está consagrada en Chile".

[Hortensia Bussi, viuda del que fuera presidente chileno Salvador Allende, aseguró ayer a la agencia holandesa ANP que "Pinochet no dbe volver a Chile. Estoy muy escéptic sobre las promesas del Gobierno chileno de que será juzgado aquí", informa Efe.]

Un dirigente de la derecha, el vicepresidente de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, sostuvo en cambio que sí existen las condiciones para juzgar a Pinochet en el país. "Si un juez dicta una resolución sin presiones y determina una responsabilidad, habría que cumplirla". Pero su opinión no concita siquiera unanimidad en la misma derecha. Interrogado ayer por El Mercurio, el ministro del Interior, Raúl Troncoso, dijo: "Con lo sucedido, creo que el Poder Judicial está obligado a enfrentar las causas con todos los recursos disponibles".