El presidente brasileño se considera víctima de un chantaje

El escándalo de escuchas telefónicas que ha salpicado al presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso, y a algunos miembros de su Gobierno está envenenando las aguas en el mundo político. La prensa está dedicando páginas enteras a un complicado asunto de intrigas y de presuntos chantajes que a la opinión pública le cuesta entender. Todo empezó con una denuncia de la revista Época sobre presuntas conversaciones telefónicas comprometedoras entre el presidente de la República y su ministro de Comunicación, Luiz Mendoza de Barros, en vísperas de la privatización de la telefonía brasileña. Se habla también de una presunta empresa fundada en el paraíso fiscal de las islas Caimán, creada, al parecer, con un capital de 368 millones de dólares, y que tendría como accionistas al propio presidente Cardoso, a su ministro de Sanidad, José Serra, y al gobernador de São Paulo, Mario Covas, y al ex ministro de Comunicación Sergio Motta, fallecido en abril.

El presidente Cardoso no sólo ha negado el hecho, sino que, considerándolo un chantaje contra su Gobierno, él mismo ha puesto todo el material en manos de la Policía Federal a través del general Alberto Cardoso, jefe de la Casa Militar y del servicio secreto. El presidente Cardoso quiere que la policía investigue a fondo quién está detrás del posible chantaje y se demostró ayer dispuesto a ser interrogado él mismo, aunque recalcó que no deben confundirse las cosas, ya que él es la víctima, y no el acusado, en el caso.

Investigaciones de la policía

La policía declaró ayer que ahora lo de menos es saber si ese material de grabaciones ilegales y de documentos aparecidos anónimamente son falsos o verdaderos. Lo importante, dice la policía, es saber lo que puede haber de cierto en esas acusaciones y quién puede estar detrás del presunto chantaje. Por ahora, el Parlamento no ha pedido una comisión de investigación y la izquierda, que conoció durante la última campaña electoral ese material explosivo, se mantiene muy prudente. Acusado de haber callado el caso, ayer, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, advirtió que la oposición, antes de actuar, quiere tener pruebas, ya que la responsabilidad de un político es no acusar a nadie sin pruebas fehacientes. Según Lula, el documento que su partido conoció antes de las elecciones no merecía crédito, pues se trataba "de fotocopias que pueden ser fácilmente falsificadas".Las personas que aparecen más nombradas como presuntos autores del chantaje al Gobierno son el ex prefecto de São Paulo, Paulo Maluf, y el ex presidente del Banco de Brasil en el Gobierno de Collor, Lafayette Coutinho, o personas relacionadas con ellos. Ésa es también la idea del procurador general de la República, Geraldo Brindeiro, quien ha afirmado que existen serios indicios de que los documentos de acusación contra Cardoso y sus ministros sean falsos. Pero el caso va a seguir dando que hablar. Por eso pidió ayer Cardoso que "no se saquen las cosas de quicio".