El sesgo político de la competencia

El eco del expediente abierto por el Tribunal para la Defensa de la Competencia contra el Instituto Metropolitano del Taxi resuena de formas muy distintas. La doctrina del tribunal, contraria al establecimiento de contingentes para los taxis de más de un turno, suena muy bien en los oídos de los representantes municipalistas del PP y de CiU. Éstos últimos aplauden la doctrina liberal del tribunal y del Servicio de la Competencia del Ministerio de Economía y aseguran que es necesario restar poder al Instituto Metropolitano, porque su regulación puede entorpecer la libertad de mercado. El Instituto Metropolitano, presidido por el socialista Joan Balanc, trata de equilibrar las condiciones del mercado del taxi. Su objetivo consiste en garantizar la permanencia en el negocio de los operadores de este mercado, es decir, taxistas autónomos de cuyos ingresos dependen sus respectivas unidades familiares. El Instituto hace de regulador esgrimiendo el argumento de la equidad. Además, sus responsables políticos en última instancia -los representantes del PSC en el consejo del ente- tienen la certeza de que el Servicio de la Competencia del ministerio está alimentado por las doctrinas del PP, contrarias a los intereses de la mayoría del gobierno municipal de Barcelona. ¿Y el Tribunal para la Defensa de la Competencia? ¿No es una instancia jurídica independiente? Este tribunal ha explicado que se opone a limitar hasta un cupo máximo al 5% los taxis que realizan doble turno. Es decir, a falta de un fallo definitivo, se decanta doctrinalmente por la libertad de mercado sin cortapisas, lo que favorece a las empresas en detrimento de los autónomos.