La parálisis política ante el colapso de la justicia extiende en Portugal la sensación de impunidad

El Gobierno socialista portugués y la oposición conservadora han expresado su "preocupación" por el gravísimo colapso del aparato judicial, pero nadie ha anunciado ninguna iniciativa para intentar desbloquearlo. La lentitud del proceso judicial y su completo estrangulamiento, a través de los innumerables recursos previstos por la ley, han provocado que miles de sumarios, entre ellos los más importantes sobre corrupción de los últimos 15 años, estén paralizados o hayan prescrito, creando una auténtica sensación de impunidad. Poco antes de anunciar al país un plan de emergencia contra la corrupción, el primer ministro, António Guterres, reconocía "la profunda falta de confianza de los ciudadanos en el combate contra la corrupción y el castigo a los corruptos". Sobre esta misma polémica, el ministro del superdepartamento de Planeamiento e Infraestructuras, João Cravinho, calificaba todo este panorama de "grave crisis del sistema democrático". Sin embargo, las autoridades permanecen impasibles ante el grave colapso judicial que, unido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, ha condenado al bloqueo y la práctica prescripción a miles de sumarios abiertos desde hace años.

En esta situación se encuentran, entre otros, los siguientes procesos: los denominados viajes fantasma de los diputados; los desvíos de altísimas sumas de dinero del Fondo Social Europeo por parte de diversas empresas, entre ellas las de Américo Amorim, una de las primeras fortunas del país; el caso de las facturas falsas para la evasión fiscal; la muerte de 20 enfermos en la unidad de hemodiálisis del hospital de Évora; o el caso de la ex ministra de Salud Leonor Beleza, acusada desde hace seis años por sus supuestas responsabilidades en la administración de sangre contaminada con el virus del sida a un grupo de hemofílicos.

El Gobierno y la oposición afirman estar seriamente "preocupados" con este escandaloso bloqueo del aparato judicial, pero sus iniciativas para solucionarlo aún están pendientes de ver la luz. El Ejecutivo de António Guterres ha anunciado mayores medios para la fiscalía y la policía judicial, pero en círculos judiciales se considera que tales medidas no agilizarán la instrucción de los sumarios si no se alteran las leyes en vigor. A juicio de las asociaciones judiciales y del propio fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues, el exceso de garantías procesales y los innumerables recursos que prevé la ley actual facilitan las maniobras dilatorias de los abogados y, consiguientemente, el bloqueo de los procesos.

Por su parte, el presidente de la República, Jorge Sampaio, ya advirtió de la grave crisis que atraviesa el sistema judicial portugués, y el pasado día 5, con motivo de la fiesta nacional del país, alertó de la "creciente degradación de la imagen de la clase política". Sampaio instó a todas las fuerzas políticas a tomar medidas urgentes para acabar con esta situación, que, a su juicio, necesitará de un auténtico "pacto de coraje". "Es necesario", dijo, "una revisión de las leyes electorales, de financiación de los partidos, de las incompatibilidades de los cargos políticos y de sus remuneraciones, la dignificación de los debates públicos, y el aumento de la transparencia y la celeridad de los instrumentos jurídicos".