Queja al Defensor del Pueblo canario contra un alcalde y senador del PP

La normativa para tramitar licencias urbanísticas del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), que preside desde hace 20 años Domingo González Arroyo, senador del PP, "supone una grave agresión a los derechos de los ciudadanos, es grosera y carente de amparo legal", según una queja presentada por la asociación de abogados canarios Justicia y Sociedad ante el Diputado del Común (Defensor del Pueblo de Gran Canaria). González Arroyo está siendo investigado por su partido después de que Casto Martínez Berriel, ex arquitecto municipal de La Oliva, le denunciara por presuntas irregularidades urbanísticas y pese a que la denuncia ha sido archivada por el fiscal general del Estado.El régimen establecido en La Oliva, el municipio más turístico de la isla, señala que "toda persona que desee obtener cualquier información, formular consulta o solicitar licencia o cédula urbanística deberá ser previamente atendida por este alcalde o concejal de urbanismo o concejal de régimen interior o cualquier otro concejal del grupo de gobierno presente".

La asociación de abogados cree que esta normativa "impone un trato discriminatorio y abusivo" no sólo a los ciudadanos, sino también al resto de los ediles.