Un experto cataloga de "delito ecológico imprudente" los vertidos de Aznalcóllar

Los vertidos tóxicos de las minas de Aznalcóllar al cauce del río Guadiamar pueden calificarse como un "delito ecológico imprudente", según explicó ayer Juan Antonio Martos Núñez, profesor titular de Derecho Penal, en el curso Protección penal y tutela jurisdiccional del Medio Ambiente que dirige en la sede Antonio Machado, en Baeza (Jaén), de la Universidad Internacional de Andalucía. Martos Núñez pidió a los jueces que tienen que evaluar este caso que muestren "sensibilidad a la hora de juzgar" porque se trata de una "agresión tremenda" hacia un entorno, el de Doñana, que catalogó como "emblemático". El profesor justificó la calificación de delito ecológico en el hecho de que existió una "falta de diligencia" a la hora de establecer las medidas correctivas que habían indicado los técnicos. Según Martos Núñez, se recomendó la instalación de instrumentos para medir el agua y aforadores para controlar las filtraciones, entre otras medidas cautelares. El hecho de que estas consideraciones se efectuaran días antes de que se produjera el vertido y no fueran atendidas de inmediato es lo que el experto interpreta que puede entenderse como la conducta imprudente que derivó en el delito ecológico. "Yo no lo llamo accidente, sino delito ecológico, aunque sea imprudente", argumentó el profesor, convencido de que no puede considerarse circunstancial una situación "si se advierte que puede pasar y se hace caso omiso". "Quien contamina, paga" Desde su punto de vista, el Código Penal deja claro que "quien contamina, paga" y si se demuestra, en el curso de la investigación, que la empresa es responsable de los vertidos, a ésta le corresponde asumir los costes. Aunque Martos Núñez expresó su opinión al respecto matizó que corresponde a los tribunales "decir si hay o no culpabilidad penal". En caso de que ésta se demostrara la condena podría incluir para los responsables de esta empresa penas como la inhabilitación o la prisión. No obstante, el ponente subrayó que la prevención de este tipo de situaciones pasa por otros aspectos como "una mayor sensibilidad por parte de los poderes públicos", a los que indicó que debería exigírseles "más rigor, cautela y vigilancia". Por otra parte, los responsables de la comisión de coordinación de las actuaciones en el cauce del Guadiamar se reunirán hoy con la juez que instruye el caso, Celia Belhadj-Ben, informa Europa Press. El representante de la Junta, José Antonio Viera, y el del Gobierno, Félix Pérez Miyares, instarán a la titular del Juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a que concluya lo antes posible los peritajes que sean necesarios para las diligencias. Los coordinadores de ambas administraciones consideran que es necesario garantizar el sellado de la balsa siniestrada, que alberga según Pérez Miyares, más de 30 millones de metros cúbicos de residuos mineros.