El fiscal y el abogado del Estado piden el archivo para el Santander del caso de las cesiones de crédito

El fiscal y el abogado del Estado han solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios el sobreseimiento libre de los directivos del Banco Santander en relación con el caso de las cesiones de crédito. Al no haber otras partes acusadoras en el caso, la juez no tendrá más remedio que acordar la medida solicitada, toda vez, que ya se han agotado las diligencias de investigación.Al no existir ya responsabilidad de los directivos del Banco Santander, la Audiencia Nacional deja de ser competente para conocer de las restantes conductas supuestamente delictivas de los clientes del banco. Por ello, el fiscal y el abogado del Estado piden la inhibición, previo desglose, de las piezas separadas en favor de los juzgados de instrucción correspondientes.

El archivo de las actuaciones sobre este asunto ya había sido solicitado anteriormente por los abogados defensores del Banco Santander, Matías Cortés, Horacio Oliva y Gonzalo Rodríguez Mourullo.

El fiscal precisa que las actuaciones sobre el caso han sido de extraordinaria complejidad, pues ha supuesto la investigación de 417.274 operaciones con más de 3.500 titulares y con un importe nominal de capital invertido de 432.965 millones.

El escrito del fiscal agrega que las sospechas existentes sobre el Banco Santander, en lo que se refiere a facilitar a la Agencia Tributaria titularidades no reales no han podido concretarse ni individualizarse en persona determinada por lo que conviene el sobreseimiento libre.

Igualmente el texto del fiscal añade: "Las investigaciones últimas no permiten establecer que personas relacionadas con el Banco Santander tuvieran conocimiento previo de la procedencia de las cantidades invertidas por los que contrataron las cesiones de la nuda propiedad de los créditos, o de que los titulares de las cantidades invertidas no hubieran cumplido sus obligaciones tributarias. Dichas obligaciones tampoco permiten establecer la tesis de que con la atribución de titularidades ficticias aquellas personas pretendiesen auxiliar a los titulares en el mantenimiento de la ocultación de los capitales".