Duras críticas de los juristas a la ley de lo contencioso

Magistrados y abogados coinciden en señalar que la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que entrará en vigor en los próximos meses no resolverá el colapso actual de más de 34.000 casos que se acumulan en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El presidente de esta institución, Guillem Vidal, expresó hace meses sus críticas a esa ley y reclamó que se creara de una nueva sección para abordar la situación, pero el Ministerio de Justicia respondió que la situación cambiaría con el nuevo texto legal. Ahora la opinión de Vidal ha sido ratificada por la casi totalidad de los 68 jueces y magistrados asistentes a unas jornadas celebradas esta semana en el Colegio de Abogados de Barcelona. Las conclusiones de las jornadas califican de "insostenible" el colapso actual y explican que las medidas previstas en la nueva ley "son claramente insuficientes". Por eso, reclaman más tribunales, al entender que existe "una manifiesta desproporción" entre los casos que entran y el número de jueces que los han de juzgar. Esa situación permite augurar, según los juristas, que la situación se agravará, porque los juzgados unipersonales que se creen serán incapaces de absorber el aumento de pleitos que comportará la entrada en vigor de esa ley. "Prácticas abusivas" Así las cosas, los juristas consideran que la situación "favorece prácticas abusivas" por parte de la Administración y algunos particulares "en perjuicio de los intereses generales". La mayoría de los juristas asistentes a esas jornadas coincide, además, en que el Gobierno desea "la decepción y el desprestigio inherente" que origina el colapso actual. En este sentido, la mayoría de los juristas (53 de 60 encuestados) cree que la Administración no ejerce un autocontrol suficiente de sus actos. Casi todos (51) coinciden también en que los ciudadanos abusan de los recursos contencioso-administrativos y 39 de ellos consideran que es más recomendable consentir que impugnar actos administrativos de más de medio millón de pesetas. Las vías de solución al colapso actual pasan, según los expertos, por aplicar alternativas que resuelvan el problema entre las partes sin llegar a los tribunales y potenciar los sistemas voluntarios de mediación y conciliación.