Una plaga de 16.000 intervenciones clandestinas

"¿Aprueba usted la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo si es realizada por opción de la mujer en las diez primeras semanas de embarazo y en un establecimiento de salud legalmente autorizado?". Ésa es la pregunta a la que hoy responden los portugueses en una consulta que pretende refrendar la Ley de Alteraciones al Aborto, aprobada el pasado mes de febrero por la Asamblea de la República.Ese proyecto autoriza la despenalización del aborto en las 10 primeras semanas de embarazo, amplía hasta las 16 semanas el supuesto del riesgo psíquico y físico para la madre, y mantiene los supuestos de violación (hasta las 12 semanas) y malformación del feto (hasta las 24 semanas).

La ley en vigor castiga a las mujeres y médicos con penas de hasta tres años de cárcel si consienten la práctica de abortos fuera de los plazos establecidos.

Al amparo de esta ley, durante 1995 fueron realizados 268 abortos legales y 281 el año siguiente. Según la Dirección General de Salud, los hospitales portugueses contabilizaron 7.875 internamientos a lo largo de 1995 debido a las complicaciones surgidas por abortos clandestinos, de los cuales un 38,3% eran jóvenes con menos de 15 años.

Las autoridades sanitarias estiman que, a lo largo de un año, se practican más de 16.000 abortos clandestinos en Portugal, con grave riesgo para las mujeres. Estas operaciones son su principal causa de mortalidad.

Las dificultades planteadas por algunos sectores de la clase médica y los altos precios de la clínicas privadas han obligado a muchas mujeres portuguesas a abortar en España.

Algunos centros de Mérida y Madrid reciben semanalmente una media de diez portuguesas que no pueden abortar en su país por diferentes motivos.