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La intensa actividad política de estas semanas, en las que al parecer ha comenzado la campaña electoral, provocada en gran medida por las primarias del partido socialista, han puesto en evidencia los importantes avances que se han hecho en relación con compartir el poder (político) entre las mujeres y los varones. En este momento, no hay partido político que se atreva a presentar listas de candidatos, para lo que sea, sin mujeres en ellas. Aunque, por supuesto, habría mucho que debatir sobre el tema, no vamos a entrar ahora aquí en consideraciones del porqué y cómo se ha conseguido, ni en la solidez del convencimiento de la igualdad de oportunidades de algunos de los que practican estas medidas, ni en el papel que en algunos partidos se les da a esas mujeres, más allá de estar en las listas. Como decimos, sin entrar en este tipo de análisis, la valoración general que hacemos es que la presión ejercida por las mujeres para tener presencia en el mundo político ha tenido su efecto y se ha avanzado de manera importante en los últimos 20 años. Reconociendo este hecho como positivo, nos preocupa, sin embargo, que los cambios sociales necesarios para que las mujeres puedan ejercer ese derecho de participación política y aprovechar adecuadamente esas oportunidades no se han producido al mismo ritmo. Esto significa que si ahora se comparte el poder, y en general el espacio público que había estado reservado a los varones, pero el espacio doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, y no se comparten las obligaciones de él derivadas, lo que se produce es una sobrecarga a las mujeres. A éstas, acostumbradas de toda la vida, a estirar como chicle su tiempo y a renunciar permanentemente a su tiempo privado, entrar en la vida política les puede suponer el límite y probablemente tener que renunciar a algo más, sea su trabajo, la maternidad o su salud. Es evidente que la sociedad actual atraviesa una crisis del modelo de organización patriarcal, y de la diferenciación de los roles y distribución de responsabilidades que éste estableció: para las mujeres el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos y las personas mayores, y para los varones el protagonismo en la política, la cultura, el trabajo y el poder. La incorporación de las mujeres a la educación, al trabajo, su participación en todos los ámbitos sociales, ha puesto en crisis el sistema de organización social clásico, que precisa una revisión y adaptación a la realidad actual. Desde Mujeres Progresistas hemos analizado y debatido este tema con el ánimo de buscar y proponer soluciones. Este proceso ha cuajado en un programa concreto que pretende involucrar a todos los agentes sociales progresistas en el establecimiento de un nuevo contrato social que sustituya al que se fundamenta en la división del mundo en dos mitades. El Nuevo Contrato Social supone sustituir la exclusión por la participación compartida, lo que requiere la responsabilidad de todas las personas. La idea de compartir se constituye en el motor de cambio estructural para la igualdad de oportunidades. Compartir las responsabilidades familiares significa que para que las familias sean lugares de encuentro, de convivencia y aprendizaje y de desarrollo personal de todos sus miembros, su funcionamiento debe ser democrático y respetar las necesidades de todos ellos. Esto supone reorganizar el tiempo (horarios laborales, escolares, comerciales, de participación social, y cualquier otro) para que la vida familiar y la social sean compatibles y compartibles. Para compartir el trabajo, que como bien escaso hay que repartir, habrá que establecer medidas que ayuden a distribuirlo mejor y hacerlo más flexible. El reto es mejorar a la vez la calidad de vida de las personas, aumentar los niveles de ocupación y mantener la competitividad de las empresas. Es un reto importante, lo sabemos, pero también sabemos que si hay voluntad política y social, existen medidas que se pueden aplicar como los incentivos fiscales y de otros tipos, fomentar el autoempleo, identificar nuevos yacimientos de trabajo ligados a las actividades domésticas. Éstas y otras fórmulas, siempre que se hagan adecuadamente para que no tengan el efecto perverso de aumentar el trabajo precario (que habitualmente recae en las mujeres), pueden tener efectos beneficiosos al compartir el trabajo. Existen muchas personas que ya han firmado este Nuevo Contrato Social, personas con responsabilidades educativas, sindicales, políticas, en medios de comunicación o culturales, y esperamos que este proceso, en el que se están involucrando tantos sectores, contribuya a hacer posible el compartir responsabilidades y conseguir una sociedad más justa y adecuada a la realidad social.

Amalia Alba Tarazona y Concha Colomer Revuelta son la presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Federación de Mujeres Progresistas.