El Gobierno rebaja los requisitos de los centros para impartir la FP

La Formación Profesional se podrá impartir en centros no específicos; y las aulas privadas, establecerse en locales que no sean de uso exclusivo escolar, según un decreto aprobado por el Gobierno el 30 de abril y publicado en el BOE el 8 pasado de mayo. Las autonomías sin competencias educativas podrán, además, reducir la superficie de aulas y talleres, lo que ahorrará inversiones del ministerio.

El nuevo decreto modifica el de los requisitos mínimos (de 1991) que deben guardar los centros de enseñanzas no universitarias. Posibilita a todas las autonomías a que sus centros impartan la FP conjuntamente con la secundaria y el bachillerato, sin disponer de espacios específicos para la FP, como establecía la anterior normativa.Queda autorizado, además, que los centros privados y concertados (privados financiados con fondos públicos) se establezcan en locales que no sean de uso exclusivo escolar y solicitar autorización de funcionamiento con menos de 30 alumnos. Esto último da pie a que se monten instalaciones más reducidas, ya que el anterior decreto fijaba un máximo de 30 alumnos y un espacio en las aulas acorde con este número.

Diferentes

Aunque tiene un carácter básico, de aplicación en todo el territorio nacional, el nuevo decreto, excluye a las ocho comunidades con competencias educativas de cumplir dos de sus artículos. El primero autoriza a reducir las superficies dedicadas a aulas, laboratorios y talleres: las aulas pueden pasar de 60 metros cuadrados a 40; los laboratorios, de 90 a 60; el menor de los talleres, de 120 a 90, y el mayor de éstos, de 240 a 180 metros cuadrados.Las nueve comunidades sin competencias, todavía gestionadas por el Ministerio de Educación, con Ceuta y Melilla, podrán impartir en sus centros privados otro ciclo o profesión dentro de una misma gama de enseñanzas cuando ya han sido autorizados a dispensar un primer ciclo. La normativa anterior exigía una autorización previa.

Las modificaciones en los requisitos mínimos implican, para el grupo socialista una diferencia entre autonomías y una reducción de las obligaciones de inversión por parte del ministerio en los centros de las comunidades que gestiona. "El Gobierno está discriminando en calidad a la FP por ahorrar en los presupuestos generales del Estado y en las transferencias", comenta Amparo Valcarace, diputada del PSOE en la comisión de Educación del Congreso. "Presentaremos una proposición no de ley para que el Gobierno restablezca los mínimos de calidad de la FP fijados en 1991".

Antonio Peleteiro, director general de FP, señala que se está aplicando una mayor flexibilidad "que no forzosamente lleva a una menor inversión. Sería un despilfarro", añade, "montar instalaciones para 30 alumnos cuando sólo van a acudir 20. Nunca se permitirá, en todo caso, que acudan más de 20 alumnos a aulas diseñadas para estas dimensiones ". Peleteiro asegura que no es perjudicial que determinados materiales de la FP sean utilizados para necesidades generales de secundaria y bachillerato y justifica que los centros privados no sean de uso exclusivo escolar afirmando que la entrada al centro será independiente.