Reforma de Correos

QUE EL servicio de Correos tenía que ser reformado y liberalizado es una afirmación sobre la que existe en España un amplio acuerdo social, y que además exige la Unión Europea. Que esa reforma debe hacerse mediante un proceso prudente y controlado de privatización es seguramente un acuerdo tan extendido como el anterior, sobre todo porque parte del mercado postal ya está en manos de compañías privadas que han ocupado los servicios más rápidos o especializados. Por tanto, las protestas, huelgas y movilizaciones que ha generado la Ley Postal, capitalizadas por una parte de los sindicatos, sólo se explican como respuesta a la lógica preocupación por una futura y masiva pérdida de empleo derivada de la privatización y parcelación de los servicios aglutinados hasta ahora en un organismo público.Ahora bien, una cosa es que el proyecto de Ley Postal, aprobado por el Congreso y en trámite en el Senado, esté diseñado con estos criterios, y otra muy distinta que resuelva eficazmente los problemas que plantea reformar un servicio público con 65.000 trabajadores. Desafortunadamente, el proyecto no proclama con suficiente contundencia que el servicio público universal queda garantizado ni aclara cómo será financiado dicho servicio. La aplicación de un sistema de contratos-programa puede ser una idea inicial, pero es necesario concretar plazos, inversiones y puestos de trabajo. Tampoco hay que olvidar que el sistema postal español ha acumulado en los últimos años un déficit importante de inversión en infraestructuras, y que tal retraso requiere un plan financiero y organizativo de envergadura. El compromiso de servicio público debe contar con que hay 200.000 ciudadanos en medios rurales que no tienen servicio a domicilio y otros 320.000 atendidos con periodicidad irregular.

El factor que determinará el éxito o el fracaso de la reforma del correo es, no obstante, la habilidad con que el Gobierno sea capaz de negociar -con los sindicatos, pero también con las empresas que ocuparán el mercado postal- el ritmo y la oportunidad de la reforma. No basta con plantear un proyecto, mejor o peor instrumentado técnicamente y pactado con los aliados parlamentarios, para conseguir una reforma en profundidad que sea más eficaz y más barata para los ciudadanos. Hay que controlar su aplicación y explicarla.