Europa no podrá subvencionar a los inversores en bienes expropiados

El acuerdo sometido a examen es un toma y daca de arquitectura complejísima y redacción siniestra. La principal concesión de Washington es que EE UU validará las inversiones europeas sobre activos expropiados anteriores a la fecha de ayer. En cuanto a las futuras, quedarán sujetas a muchos condicionantes. La UE corresponderá a esta flexibilidad mediante el compromiso de sus Gobiernos de «desincentivar» inversiones futuras en los polémicos activos expropiados por el régimen de Fidel Castro. Se abstendrán de prestar apoyo y subvenciones a las empresas que lo hagan.Ambos socios se comprometerán a presionar conjuntamente para elevar a multilateral (en el seno del Acuerdo Multilateral de Inversiones que se negocia en París) su acuerdo bilateral, con objeto de proteger la propiedad según los parámetros del Derecho Internacional.

El principal problema es qué se considera «activos ilegalmente expropiados», sin indemnización ni procedimiento adecuado. Washington ya ha renunciado a acordar que exista una presunción contra todas las expropiaciones posteriores a 1955. Y el documento en liza establece una casuística detallada, en la que se exige que los expropiados demandantes hayan pleiteado hasta el final en los tribunales. La UE no ha aceptado ampliar la jurisdicción a ningún arbitraje. Y el propósito de establecer un registro -bilateral o del AMI- sobre las propiedades discutidas choca con el hecho de que en España no son ilegales: Madrid aceptaría registros a nivel nacional. Washington presionó para que los Gobiernos de la UE diesen presunción de certeza a las 5.911 reclamaciones tramitadas en EE UU. España se negó, y con ella Leon Brittan. A cambio, será la Comisión quien tomará nota de esta información procedente de EE UU y le dará cierta credibilidad en una «carta adjunta».