El fiscal pide hasta 6 años para los acusados del "caso Ardystil"

El fiscal Ricard Cabedo solicita penas de entre seis meses y seis años de prisión para los propietarios de las empresas de aerografía en las que se produjo el síndrome Ardystil. El acusador público pide la pena más alta -seis años y un día de prisión- para la titular de la firma Ardystil (de Cocentaina), Juana Llácer, y su encargado, José Luis Picher. Para el resto de propietarios, las penas oscilan entre los cuatro años de cárcel y los seis meses. En este grupo se encuentran los socios de la aerografía Aeroman, SL, de Alcoy, en la que trabajó el fallecido Andrés Méndez. El fiscal pide para Vicente Pla Calabuig y Vicente Almiñana Calatayud, cuatro años, dos meses y un día de prisión. Para los titulares de Aerotex, José Morcillo Molina y Juan José Cortés Orts; para Carmen Alcaraz Ripoll, titular de la empresa de estampación y aerografía Aeroreig, y para José Fernando Vercher Ferrándiz y Elías Seguí Miró, de Aerobrix, se solicitan penas de un año de prisión. La condena más baja, de seis meses y un día de prisión menor, se pide para el titular de Aeroalcoy, Marcos Sanegre Egea. El fiscal reclama, además, que se indemnice a los familiares de los seis fallecidos a consecuencia del síndrome Ardystil con cantidades que rondan los 20 millones de pesetas. Para Susana Javaloyes, única afectada a la que le fue practicado un transplante bipulmonar, fija una renta vitalicia de 400.000 pesetas mensuales. El total de las indemnizaciones que solicita el acusador público para el conjunto de afectados suma los 940 millones de pesetas. En el mismo escrito, el fiscal pide la responsabilidad civil de las firmas Bayer Hispania Industrial, Ici España, SA, y Solvay, SA, fabricantes de productos químicos que se manipularon en las aerografías. La presidenta de la comisión de afectados por el síndrome, Amparo Pascual, calificó ayer como "un buen trabajo" el escrito del fiscal que ayer fue comunicado a las partes personadas en el caso. Pascual añadió, sin embargo, que considera bajas las cantidades que pide para indemnizar a los afectados.