El Defensor del Pueblo argentino condena la suspensión de la multa a Telefónica

El Defensor del Pueblo de Argentina, Jorge Maiorano, acusó ayer a la Corte Suprema, el máximo órgano judicial del país, de favorecer a Telefónica de Argentina, controlada por Telefónica de España, y Telecom Argentina, gestionada por France Télécom y Telecom Italia, con el fallo a favor del reequilibrio tarifario (subidas superiores al 50% en las tarifas de las llamadas urbanas y rebajas similares en interprovinciales e internacionales) emitido el pasado jueves. «Esto es un escándalo político que sienta un precedente vergonzoso», afirmó Maiorano.El fallo del alto tribunal aprueba el conocido como rebalanceo telefónico y suspende las multas millonarias impuestas a ambas empresas por aplicar las nuevas tarifas, pese a que habían sido suspendidas por varias sentencias judiciales. A lo largo de los 15 meses que ha durado el conflicto, sin embargo, otras instancias judiciales se habían mostrado favorables al decreto del Gobierno que había aprobado las tarifas en febrero de 1997.

El pasado miércoles, una juez de Buenos Aires había impuesto a Telefónica de Argentina una multa de 225 millones de dólares (33.750 millones de pesetas). La misma juez había sancionado a Telecom Argentina con 400 millones de dólares.

Apoyo del Gobierno

«Lamentablemente, una vez más, la Corte Suprema no nos ha sorprendido con esta decisión», afirmó Sandra González, de la asociación de consumidores Adecua. Para la diputada Cristina Zuccardi, del partido de la oposición al Gobierno UCR-Frepaso, «no es casual que los jueces se hayan pronunciado a favor de las (compañías) telefónicas poco después de que fueran fijadas las multas».El secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, contestó a las críticas afirmando que «el Defensor del Pueblo es uno solo, mientras que la mayoría de las provincias se han pronunciado a favor del ajuste». Kammerath aludió a que el rebalanceo favorece a las empresas y a los abonados de las provincias del interior, ya que reduce las tarifas de las llamadas interprovinciales e internacionales, que compensa las subidas aplicadas en las llamadas urbanas. Telefónica Argentina estima que las locales suben sólo un 13% y las organizaciones de consumidores elevan el porcentaje al 70%.

La sentencia de la Corte Suprema afirmaba que el decreto gubernamental que aprobaba las nuevas tarifas fue dictado «mediante un procedimiento regular» y «sin que mediara exceso en el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional». De ese modo, la Corte dejaba sin efecto los recursos por inconstitucionalidad presentados por el Defensor del Pueblo y las organizaciones de consumidores contra el decreto del Gobierno.