Rebelión de profesores en Canarias.

Canarias vive un crispado conflicto educativo que desde comienzos de curso se ha ido enconando en los centros de secundaria y ha acabado con el periodo más largo de paz escolar del que disfrutaba esta comunidad, caracterizada por su peculiar modelo de enseñanza. Aunque no es el único motivo, la espoleta de la rebelión docente ha sido la decisión de la Consejería de Educación de que los profesores de secundaria dediquen una hora semanal por la tarde para atender a los padres de los alumnos. Esta norma, vigente, pero frecuentemente incumplida, es rechazada por los docentes y sus representantes sindicales, que la consideran una sobrecarga laboral y una intromisión en la autonomía de los centros. Canarias encabeza no pocas clasificaciones autonómicas; cuenta con el mayor porcentaje de alumnado en el sector público -82%, frente al 65% del resto del país-; fue pionera, en 1988, en la implantación de la jornada continua; ocupa el primer lugar en las estadísticas de fracaso escolar en primaria y está en el vagón de cola en cuanto a la frecuencia en las relaciones familias-centros. Por si fuera poco, esta comunidad, que soporta además un elevado nivel de conflictividad escolar, ha anticipado antes que el resto del país la implantación de la reforma educativa.

En este marco, el profesorado de secundaria ha organizado una rebelión contra la Consejería de Educación, que ha obligado a intervenir no sólo a la comunidad educativa al completo, sino al Parlamento y el Gobierno autónomos.

La llama de la discordia prendió a raíz de la publicación de la Resolución de normas para el comienzo de curso, una exhaustiva circular de 46 páginas en la que se especifican al detalle los aspectos referentes a la organización y funcionamiento de los centros que imparten la ESO, el bachillerato y la formación. profesional.

Entre otras cuestiones, la normativa obliga a realizar tutorías semanales de atención a los padres en horario de tarde, y aumenta el número de reuniones de las comisiones de coordinación pedagógica, equipos educativos y jefes de departamento.

La conocida como circular número uno, que no fue consultada con el profesorado, respondía a una reiterada reivindicación de las federaciones de padres de alumnos en lo que respecta a las tutorías de. tarde, principal escollo del conflicto, y fue recibida por los profesores como una bofetada a la autonomía de los centros.

Esta "intromisión e imposición" de la consejería encontró, además, un idóneo caldo de, cultivo en el sobreesfuerzo que exige al profesorado la implantación de la reforma al fuerte ritmo impuesto por los dirigentes de Iniciativa Canaria (Ican) -miembros de la coalición nacionalista-, procedentes en su mayor parte del ámbito educativo y con un amplio respaldo electoral en él.

La polémica se centró en torno a la denominada hora 25, de atención tutorial, como expresión, en opinión del prefesorado, de la inaceptable sobrecarga de la jornada laboral" a que les obliga la reforma. Este argumento de explotación de la jornada laboral del profesorado ha sido rechazado por Educación basándose en datos comparativos que maneja sobre el número anual de horas lectivas en secundaria, que sitúa a Canarias entre las 704 y 6 3 5 frente a. las cerca de 8 50 del resto de España, las. 800 del Reino Unido o las 1.360 de Dinamarca y Alemania.

No obstante, el conflicto no responde, según reconocen representantes de ambas partes, a un rechazo ideológico de la reforma (muy minoritario), sino a una auténtica reclamación laboral de los 10.700 profesores que imparten en el archipiélago clases en este nivel, entre ellos 1.200 maestro! que exigen, además, homologación salarial con los licenciados.

Hasta el mes de marzo, el enfrentamiento se ciñó al ámbito educativo y ofrecía el siguiente resultado: cinco jornadas de huelga o paro parcial, secundados de forma desigual en las dos provincias canarias; , pérdida de unas treinta horas de clases por alumno y unas 70.000 pesetas de sueldo por profesor que haya secundado las convocatorias, según estimaciones del propio profesorado; consecución de un principio de acuerdo y posterior ruptura de las negociaciones en febrero, y presentación de tres sucesivas ofertas de acuerdo por parte de la consejeria.

A mediados de marzo, el PSOE, en la oposición, supo rentabilizar la polémica y, llevó' al Parlamento dos iniciativas: la primera, una moción que pedía a las partes que reabrieran las negociaciones y que fue aprobada por unanimidad; la segunda, una petición de reprobación del consejero de Educación, José Mendoza, que no fue admitida a trámite por los, socios de Gobierno -CC y PP y que suscitó una declaración oficial en la que el Ejecutivo respaldaba la gestión de los responsables educativos.

La consejería presentó en la mesa de negociación dé la pasada semana su "última" contraoferta, que rebaja a 14 las tutorías en horario de tarde, con carácter quincenal o mensual; establece un periodo¡ de tres años para homologar a los maestros, y reduce las ratios de alumnos en FP.