Humo por billones

LAS EMPRESAS tabaqueras de Estados Unidos han cerrado un acuerdo de principio con la Administración norteamericana por el que se garantizan una virtual inmunidad a cambio de una indemnización de 506.000 millones de dólares -¡78 billones de pesetas!- pagaderos en 25 años. En el futuro se comprometen a acatar los niveles máximos de nicotina que fije la Administración, que velará también porque las empresas no violen en terceros países las normas que están obligadas a cumplir en Estados Unidos.Las compañías, acosadas por una persistente campaña antitabaco procedente de amplios sectores sociales, han preferido indemnizar globalmente por los daños causados por el tabaco sobre la salud de las personas, con el consiguiente encarecimiento de los costes sanitarios, antes que afrontar un rosario de demandas ante los tribunales.

Esta fórmula de la indemnización, que puede ser adoptada por otros países, simplifica el debate en tomo al tabaco. Es verdad que sus efectos perniciosos están demostrados y su relación con enfermedades coronarias o el cáncer de pulmón está más que documentada. Sin embargo, el debate se ha trasladado rápidamente hacia un terreno legal, soslayando el problema espinoso de la libre decisión de los fumadores. Pero incluso en términos estritamente contractuales, el acuerdo entre la Administración estadounidense y las grandes tabaqueras requiere todavía aclaraciones importantes que deberán desarrollarse en el curso de las próximas semanas. Por ejemplo, todavía no se ha definido con exactitud cuál será el destino de la gigantesca indemnización. En un principio se pensó que debería aplicarse a la compensación de los gastos médicos originados por el consumo de tabaco; pero la Administración de Clinton ya ha empezado a sugerir que con ese dinero podrían financiarse otros servicios sociales.

Tampoco se ha aclarado cómo se repartirá la indemnización ni se ha establecido el alcance o los límites de la inmunidad legal que reclaman las compañías a cambio de su indemnización billonaria. La efectividad final del acuerdo depende en parte de cómo se resuelvan tales indefiniciones. Y dependerá, sobre todo, de cómo se articule un sistema para evitar que siga aumentando el número de niños que se suman al consumo de tabaco -los cálculos actuales indican que más de 3.000 niños o adolescentes de EE UU ingresan cada día en la nómina de los fumadores-, que será el próximo campo de batalla, legal y social, entre la industria y el Gobierno. Está por ver si el método que se sugiere en el acuerdo, que es la subida de precios de la cajetilla de tabaco como barrera infranqueable para potenciales consumidores infantiles es el más adecuado.