El Supremo pide autor autorización al Senado para inculpar a Tomey por falsedad continuada

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto diligencias previas contra el senador del PP Francisco Tomey Gómez por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. La sala ha acordado dirigir un suplicatorio al presidente del Senado para que autorice a proceder contra el citado senador, tal y como establece la Constitución. La resolución del Supremo aprecia que en los Presupuestos de la Diputación Provincial de Guadalajara, presidida por Tomey, se hicieron figurar "créditos inexistentes o ficticios" por más de 3.500 millones de pesetas y no descarta la malversación u otros delitos al señalar los indicios de falsedad, "sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda derivarse de una más acabada investigación".

Según el auto de la Sala Segunda del Supremo, del que ha sido ponente su presidente José Jiménez Villarejo, se ha estudiado la investigación criminal realizada por la fiscal jefe de Guadalajara, Ángeles García, de la que se deduce, en principio, que en las liquidaciones de los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial correspondientes a ejercicios comprendidos entre los años 1991 y 1995 "se hicieron figurar, como pendientes de cobro, créditos inexistentes o ficticios por un importe superior a 3.500 millones de pesetas". Dichas liquidaciones aparecen firmadas por Tomey mediante el correspondiente decreto, que cuenta con un informe del interventor de la Diputación José Villalgordo, ya fallecido.El Supremo señala que, dado que una de las "personas presuntamente responsables del mencionado delito" es el presidente de la Diputación, que "tiene la condición de senador", el enjuiciamiento del caso corresponde, según el artículo 71 de la Constitución, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Aunque los indicios apreciados en principio por el Supremo son los de delito continuado de falsedad, la resolución no descarta la aparición de indicios de malversación u otros delitos, en el sentido apuntado por la investigación fiscal hasta ahora realizada. La resolución aprecia "caracteres de delito continuado de falsedad en documento oficial", pero "sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda derivarse de una más acabada investigación".

¿Créditos ficticios o pagados?

Fuentes próximas a la investigación inacabada señalaron que si la nueva indagación permite averiguar que los créditos que parecen no existir sí existieron, pero fueron ya pagados, los indicios delictivos podrían apuntar al delito de malversación de caudales públicos. Así podría ocurrir con los más de mil millones en concepto de participación en los Tributos del Estado, que la Diputación de Guadalajara evaluaba como crédito "de dudoso o imposible cobro". Igualmente, los más de 29 millones que se esgrimen como intereses bancarios pendientes de cobro de 1992 y 1994 resultan sospechosos, según, las mencionadas fuentes, ya que los intereses suelen abonarlos los bancos conforme se generan.El Supremo se declara competente para conocer de los hechos atribuidos al senador Francisco Tomey y acuerda la iniciación, "por ahora", dice, "de diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y personas que en él hayan participado". La sala eleva el correspondiente suplicatorio al presidente del Senado y acuerda que, mientras el Senado no resuelva sobre el mismo, se deje en suspenso la investigación iniciada.

La única investigación penal realizada sobre el llamado caso Tomey fue la practicada durante seis meses, por la fiscalía de Guadalajara y se contiene en 1.324 folios. El 28 de enero de 1998, la fiscal García remitió al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, un decreto mediante el que le comunicaba que "hay méritos suficientes para la existencia de un delito continuado de falsedad en documento oficial". Respecto a las demás líneas de indagación de posibles delitos, "ya que la investigación no está totalmente agotada", la fiscal invocaba la negativa a entregar la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputación de Guadalajara al 31 de diciembre de 1996.

La negativa a entregar tales documentos a la oposición política originó que el portavoz socialista Jesús Alique apelara ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha emplazado al secretario y al interventor de la corporación provincial para que los aporten. Estas actuaciones judiciales se producen al margen de las penales.