El fiscal pide al Supremo que proceda contra el senador Tomey, del PP

El senador del PP Francisco Tomey, presidente de la Diputación de Guadalajara, permanecerá en su cargo, y ni el PP ni el Gobierno van a emplazarle a que presente la dimisión, pese a que ayer la fiscalía acordó instar al Tribunal Supremo a que actúe contra él ante "la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial". La decisión ha sido avalada por el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, y, de prosperar, permitirá comprobar la sospecha de malversación -3.500 millones de pesetas- apuntada por la fiscalía de Guadalajara.

La denuncia presentada contra Francisco Tomey por el portavoz socialista en la Diputación de Guadalajara, Jesús Alique, tuvo ayer el respaldo de la fiscalía del Tribunal Supremo, favorable a investigar al dirigente del PP, que goza de la condición de aforado. En las liquidaciones de los presupuestos de la corporación provincial correspondientes a 1991, 1993, 1994 y 1995, Tomey incluyó, según la denuncia, "cantidades ficticias" como pendientes de cobro. Los fiscales se remiten a las actuaciones practicadas por la fiscalía de Guadalajara, de las que "se deducen indicios de la posible comisión de un delito de falsedad en documento oficial". El Código Penal castiga este delito con penas de hasta 12 años de cárcel. Aunque los socialistas se han apresurado a pedir al presidente del Gobierno el cese de Tomey, José María Aznar no le emplazará a dimitir. El portavoz del Gobierno quitó importancia a la denuncia de los fiscales y argumentó que su caso es distinto al que arrastró la caída del ex presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid. Aznar, entonces jefe de la oposición en Castilla y León, forzó la dimisión de Madrid en 1986 tras su procesamiento por una demanda de los trabajadores de una antigua empresa de su propiedad. Demetrio Madrid fue absuelto por el Supremo en enero de 1990.