Fomento consulta al Consejo de Estado otorgar a la CMT el control y sanción de las televisiones

El Ministerio de Fomento ha consultado al Consejo de Estado un proyecto de ley que otorga a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) -toda ella nombrada por el Ejecutivo- el poder de dictar normas a las televisiones y el de imponerles fuertes castigos si incumplen disposiciones en materia de programación y límites de publicidad. No obstante, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, sorprendió ayer al Senado con la afirmación de que no hay un criterio "dogmático" sobre si el futuro Consejo Audiovisual debe funcionar o no en la CMT.

Rafael Arias-Salgado contestó a una pregunta del senador socialista Josep Modol con la afirmación de que sería deseable un consenso respecto al futuro organismo regulador de los medios audiovisuales; y que ese organismo podría estar "dentro o fuera" de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). "Ni el Ministerio ni el Gobierno tienen un criterio dogmático ni apriorístico" sobre el hecho de que el futuro Consejo Audiovisual "funcione dentro del ámbito de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o con autonomía propia. No es una cuestión de principio, es accidental", aseguró.Esta puerta entreabierta a una discusión del problema se produce tras seis negativas anteriores del Gobierno, en sede parlamentaria, a contemplar la creación de una autoridad audiovisual distinta de la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o, en todo caso, de un comité emergido de su seno.

Así, el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos y el ministro Arias-Salgado respondieron negativamente, en abril, a preguntas sobre la conveniencia de crear un Consejo Audiovisual. Esa misma posición fue sostenida en respuesta a otras iniciativas planteadas tanto en junio como en septiembre. El 23 de ese mes se puso a debate una moción para crear un Consejo Audiovisual y el PP votó en contra; y el 8 de octubre se votó una proposición de CiU con idéntico objetivo y el PP votó de nuevo en contra. Así estaban las cosas hasta ayer en que, al séptimo intento, Arias-Salgado trocó tan rotundas negativas por un ya veremos.

Mientras tanto, el Consejo de Estado tramita un proyecto que le ha enviado el Ministerio de Fomento, y que está presentado como la trasposición a España de la última modificación de la directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras, adoptada por la UE este mismo año.

El texto de ese proyecto español dibuja un Comité de los Medios Audiovisuales concebido como un órgano administrativo más, formado por el presidente de la CMT y tres de sus consejeros. Ese comité está colocado, dentro del proyecto de ley, en el capítulo rotulado "Del régimen sancionador". En virtud del mismo, la Administración se reserva una amplia discrecionalidad a la hora de establecer qué violaciones de la ley se han producido y cómo deben castigarse, tanto en materia de programación -especialmente lo relativo a la protección de la infancia- como de límites a la emisión de anuncios y de publicidad encubierta.

El proyecto elaborado por Fomento atribuye también a la CMT el poder de unificar criterios de aplicación de la ley en el conjunto del territorio español y de dictar instrucciones que adquirirán por sí mismas el rango de normas básicas del Estado; actividad que amplía, de modo notable, la competencia de interpretar conflictos y arbitrar soluciones que suelen tener los órganos reguladores de los medios audiovisuales en otros países de la UE.

Fuentes jurídicas entienden que eso podría convertirse en una fuente de conflictos con las comunidades autónomas. En cuanto a la capacidad de imponer sanciones, las mismas fuentes entienden que las disposiciones son ambiguas.

Y mientras la directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras establece que el 51% de lo que emitan las cadenas debe ser de procedencia europea "siempre que sea posible", el tan mencionado proyecto de ley lo convierte en obligatorio: el 51% de lo emitido en las televisiones tendrá que ser de origen europeo, si prospera.