España destruirá en tres años sus 850.000 unidades

España destruirá en un plazo máximo de tres años, uno menos de lo que obliga el tratado, las 850.000 minas antipersonas almacenadas en los arsenales del Ejército, según indicaron ayer fuentes gubernamentales.El secretario de Estado de Política Exterior, Ramón de Miguel, firmará hoy en Ottawa (Canadá) la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonas y sobre su Destrucción, junto a los representantes de más de 100 países.

El Gobierno español, añadieron las mismas fuentes, remitirá en breve al Parlamento el Tratado de Ottawa para su ratificación, así como un proyecto de ley sobre medidas unilaterales, en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Congreso el pasado 25 de febrero.

Las existencias españolas de minas antipersonas ascienden a unas 850.000 unidades. El 90% de ellas son minas explosivas, que se entierran a poca profundidad y se activan al contacto. La mayoría corresponde al modelo P-5, pero se conservan también unas 150.000 del tipo P-4, ya obsoletas, que han empezado a ser destruidas mediante explosión controlada. El 10% restante son minas antirremoción, que estallan al intentar desactivarlas, y saltadoras, que se elevan para explotar en el aire.

530 millones de coste

Los estudios del Ministerio de Defensa cifran en 530 millones de pesetas el coste de la destrucción del arsenal español de minas. El plan consiste en incinerarlas en la factoría de desmilitarización de municiones que la empresa Fabricaciones Extremeñas (Faex) tiene en las proximidades de Navalmoral de la Mata (Cáceres). Se da la circunstancia de que Faex es propiedad de Explosivos Alaveses (Expal), que fue el principal fabricante español de este tipo de artefactos.El tratado permite a los países firmantes conservar "la cantidad mínima [de minas] absolutamente necesaria" para el adiestramiento de sus equipos de detección y desactivación. El Ejército español prevé conservar un total de 10.000 unidades, suficientes para cubrir sus necesidades durante una década. La paradoja estriba en que, cuando estas existencias se agoten, habrá que comprar las minas a naciones que no hayan suscrito la convención.

El Ejército de Tierra adquirió sus últimas minas antipersonas de guerra en 1991, y el Ejército del Aire, en 1994. En julio de este último año, el Gobierno español aprobó una moratoria sobre la exportación, que fue prorrogada en 1995 y 1996, ya con carácter indefinido. Desde 1993 no se ha autorizado ninguna exportación de este tipo de minas.

Greenpeace, una de las organizaciones impulsoras de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas, galardonada con el Nobel de la Paz, ha denunciado el propósito del Gobierno español de excluir las "bombas de racimo y armas de efectos similares" de la prohibición, incumpliendo así el acuerdo del Congreso.

Fuentes militares sostienen, por su parte, que las mal llamadas bombas de racimo, en realidad bombas antipista, no son homologables a las minas antipersonas, pues no son armas indiscriminadas, sino dirigidas a destruir los aeródromos del adversario en caso de conflicto". Las minas antipersonas que llevan incorporadas, según las mismas fuentes, tienen como objetivo evitar la reparación de las pistas dañadas y, a diferencia de las restantes, no quedan enterradas y se desactivan en un máximo de siete días.

Greenpeace sostiene, por el contrario, que la única excepción que permite el tratado son los mecanismos antimanipulación de las minas anticarro.