Polanco, Cebrián y dos consejeros de Sogecable se querellan contra Liaño por prevaricación

El juez Javier Gómez de Liaño cometió "al menos" tres delitos de prevaricación [dictar una resolución injusta a sabiendas] durante sus actuaciones como instructor de las diligencias contra Sogecable, según la querella presentada ayer por el presidente y el consejero delegado de dicha compañía, Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián -respectivamente-, así como los también consejeros Gregorio Marañón y Francisco Pérez-González. La querella va dirigida a la Sala Segunda del Supremo, que es la competente para enjuiciar las causas, contra magistrados de la Audiencia Nacional.En el escrito se solicita la declaración como testigo, entre otros, del economista Gerardo Ortega, autor del informe que sirvió de base a la denuncia inicial del director de Época, Jaime Campmany, contra Sogecable. Ortega declaró en su día que ese informe le había sido encargado por un secretario de Estado y los querellantes quieren que Ortega diga ahora judicialmente quién era ese alto cargo.

En el escrito se concreta que la querella se motiva en tres resoluciones injustas:

Secreto del sumario. Liaño lo decidió inmediatamente después de iniciadas las diligencias y esa decisión fue revocada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por ser "irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada". Pese a lo cual, dos días más tarde el juez volvió a declarar secretas las actuaciones encomendadas a la Policía.

Prohibición de salir de España. Liaño prohibió salir de España, sin su permiso, a Polanco y otras tres personas más sin que siquiera les hubiera tomado declaración. La medida fue revocada por un tribunal superior, que consideró constatada "la falta de fundamento legal y material y por ende la arbitrariedad" de tal prohibición.

Fianza. Liaño impuso una fianza de 200 millones de pesetas a Jesús de Polanco sin que el auto correspondiente razonara la necesidad de tal medida, sino que se extendía en disquisiciones respecto de la cuantía de la fianza, lo cual -según los querellantes- revela que el juez nunca consideró otra posibilidad que la de forzar alguna medida cautelar.

El escrito menciona igualmente otras muchas incidencias de este proceso. Todo lo ocurrido durante la instrucción se explica, según la querella, a la luz de la connivencia existente entre el abogado Antonio García Trevijano y el juez Gómez de Liaño, revelada en un auto por Baltasar Garzón.