UGT denuncia la privatización del 60% del capital de Santa Bárbara

El sindicato UGT ha denunciado que el Ministerio de Industria ha emprendido la privatización de Santa Bárbara Blindados (SBB), para lo que ha puesto a la venta el 60% de las acciones. El comprador presuntamente elegido por Industria sería el consorcio de empresas privadas que opta por hacerse con el contrato de los carros de combate Leopard.

UGT considera que de esta forma las empresas de capital privado Peugeot-Talbot, el grupo vasco Gamesa y la Compañía Auxiliar del Ferrocarril tendrían garantizada esta operación comercial de 550.000 millones de pesetas.

El secretario general de UGT Andalucía, Juan Mendoza, anuncio ayer que esta "agresión" será contestada con "contundencia" a través de movilizaciones que serán aprobadas la próxima semana junto. a Comisiones Obreras (CC OO). La única prueba esgrimida por UGT para denunciar la operación privatizadora es la auditoría encargada por la dirección en todas las factorías.

Este estudio serviría a Industria para que los potenciales compradores conozcan la situación de la empresa. Posteriormente se procedería a la ampliación del capital, para permitir que el consorcio privado se hiciera con el 60% de las acciones por 3.000 millones. Así, el grupo empresarial se garantizaría ser el contratista principal del proyecto Leopard, que contempla una inversión de 400.000 millones para la construcción de carros de combate. Además, se beneficiarían de los 125.000 millones que suponen la construcción de los, carros de combate CF-12 y CF-13 y los 25.000 millones que están siendo invertidos para el proyecto BMR.

La venta de SBB fue calificada por Mendoza como de "escandalosa e injustificable", desde el punto de vista empresarial. El sindicalista considera que SBB tiene "los días contados", al igual que su plantilla. Aunque los 500 trabajadores dependientes de la factoría de SBB en Sevilla tendrían su empleo garantizado, los 200 trabajadores de SBB Granada podrían ver su centro de trabajo cerrado.

A esto habría que añadir "el peligro" de continuidad que corren los 2.000 empleos de las 500 empresas auxiliares que en Andalucía dependen de la actividad de SBB.