La sentencia influirá en los procesos del "caso GAL"

La sentencia dictada ayer por el Tribunal Militar Central tendrá una incidencia directa en los procesos abiertos sobre el caso GAL. Los jueces militares consideran probado que los 12 papeles del Cesid, que fueron desclasificados por el Consejo de Ministros el 18 de abril de 1997 como consecuencia de la decisión adoptada dos semanas antes por la Sala Tercera del Supremo, estaban contenidos en las 1.245 microfichas que Perote robó del Cesid.Tras su desclasificación, estos documentos han sido incorporados al sumario sobre el caso Lasa y Zabala, que instruye el juez Javier Gómez de Liaño; al del caso Oñederra, que instruye Baltasar Garzón, y al del caso Lucía Urigoitia, que investiga un juzgado de San Sabastián. Está abierta la posibilidad de que se incorporen al proceso por el secuestro de Segundo Marey, durante el juicio.
Con toda probabilidad, los defensores de los acusados alegarán el origen ilícito de estas pruebas, cuya obtención es el fruto de un delito y pedirán su anulación. Estos papeles, o al menos sus transcripciones, fueron incautados por Garzón en la celda de Perote el 8 de febrero de 1996 y fue este oportuno hallazgo el que permitió a los jueces solicitar su desclasificación.
Sin embargo, no toda la sentencia es favorable a los acusados en el caso GAL. El intento de invalidar- el valor probatorio de los documentos, alegando que pudieron ser manipulados por Perote, es cuestionado por el tribunal. Afirma que "se trata de una mera elucubración teórica carente de la más mínima prueba, que pueda sustentarla", no sólo porque el coronel lo ha negado tajantemente, sino también por "'la extremada dificultad" técnica que presenta la manipulación de las microfichas.
Por otra parte; el tribunal ha accedido a la petición del abogado de Perote, Jesús Santaella, de que se deduzca testimonio de la declaración en el juicio del coronel Manuel López Fernández, Losada, sucesor de Perote en la Agrupación Operativa, con objeto de denunciarle por falso testimonio. Santaella se basa en que Losada dijo que las microfichas contenían información sobre la Conferencia de Paz de Madrid; lo que resulta imposible, pues el documento más reciente data de octubre de 1989 y la conferencia sobre Oriente Medio se celebró dos años después. Para el tribunal se trata, simplemente, de "la eventual contradicción de un determinado testigo con una concreta secuencia histórica".
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