Carlos Navarro, Galeote, Flores y Oliveró piden su exclusión del caso

Pablo Jiménez de Parga, abogado defensor de Luis Oliveró Capellanes -administrador único de Filesa, Malesa y Time Export-, fue el letrado que puso más énfasis durante la tarde de ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la nulidad radical de las acusaciones contra su defendido, tras haberlas pedido insistentemente a lo largo de los seis años de instrucción del caso Filesa. También Javier Sáez de Pipaón, defensor del ex dirigente socialista Guillermo Galeote; Ignacio Ayala, del ex diputado socialista Carlos Navarro, y Jesús Silva Ponte, de Alberto Flores, directivo de Malesa, solicitaron la exclusión de sus patrocinados.El joven Jiménez de Parga se fue al origen del proceso: la denuncia realizada por el empleado de Oliveró, Carlos van Schowen. Frente a la inicial posición, en 1991, del juez Marino Barbero, favorable a investigar el posible origen ilícito de los documentos aportados por Van Schowen, Jiménez de Parga recordó que un año después Barbero cambió de criterio y consideró que no era ilícito, mientras que la Sala Segunda, a la que apeló Oliveró, señaló que el momento procesal adecuado sería la vista preliminar.

El esperado momento fue aprovechado por el letrado para solicitar la nulidad radical, por vulneración del secreto mercantil, fiscal y de la correspondencia. Y, a partir de ahí, mantuvo que "toda la prueba documental y pericial está también viciada de nulidad".

"A ver qué se encontraba"

En cuanto a los registros ordenados por el juez Barbero, el letrado invocó la doctrina del Supremo sobre la necesaria proporcionalidad y motivación para que el juez instructor no vulnere derechos fundamentales. Jiménez de Parga denunció las motivaciones genéricas e inconcretas de los registros, que dejaban en evidencia que "no se sabía qué se buscaba, sino que se iba a ver qué se encontraba".Ayala insistió en las deficiencias de la instrucción basadas en la declaración de su patrocinado, Carlos Navarro, cuando era diputado, sin previa petición de autorización al Congreso. También descalificó la acusación del PP, basada, entre otras cosas, según dijo, en "la fotocopia del informe pericial".

Sáez de Pipaón se sumó a las impugnaciones al escrito de acusación del PP, único que se mantiene contra Galeote. La debilidad de imputaciones fundamentadas en la relación del veterano dirigente socialista con Aida Álvarez, o en la pertenencia, junto a Alfonso Guerra y Roberto Dorado, al comité electoral del PSOE, excluyen, según este letrado, toda inculpación seria contra su defendido.