La comisión judicial halla irregularidades en la fábrica de Arganda en la que murió un hombre

Una comisión judicial encabezada por una juez de Arganda y el fiscal de Medio Ambiente de Madrid inspeccionó ayer la fábrica en la que el pasado sábado murió un hombre -presumiblemente por inhalación de algún tipo de gas letal- y otros res resultaron con lesiones (uno de ellos de carácter muy grave). La comisión halló algunas irregularidades en la industria: carecia de la licencia de autorización de vertidos, se había hecho una obra sin el obligado proyecto técnico y en su interior había almacenados, ilegalmente, 24.000 litros de residuos tóxicos muy peligrosos.

La inspección en la industria Aceites Ecológicos, situada en el barrio de La Poveda, a unos tres kilómetros de Arganda, se prolongó toda la mañana. La juez y el fiscal estuvieron acompañados de peritos, Guardia Civil y bomberos de la Comunidad. Esta industria es la mayor fábrica de España en el reciclado de aceites industriales.La visita se enmarcó en la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda para determinar las causas que produjeron la muerte de Francisco de las Heras (43 años), gerente de esta industria, y las graves heridas sufridas por su empleado y químico José Antonio Sardinero.

Accidente

El químico bajó a una especie de pozo, de unos dos metros de profundidad, para averiguar de dónde procedían unos olores reiteradamente denunciados por vecinos de la zona. Le acompañaban el gerente y otros dos empleados, que se quedaron en la boca del pozo, por el que se accede a un colector de aguas residuales. El gerente se introdujo en el pozo y, víctima de las emanaciones letales, falleció.Uno de los hechos que llamó la atención de la comisión judicial es que esta industria haya estado funcionando durante años sin la licencia de autorización de vertidos que impone la Ley 10/93, que regula el vertido de líquidos industriales. Se da la circunstancia de que en octubre de 1996 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid encargó una auditoría sobre esta empresa. Paradójicamente, los redactores del informe concluyeron que la industria se ajustaba a la normativa medioambiental.El almacenamiento ilegal en su interior de 24.000 litros de PCB (residuos muy tóxicos) desde hace cinco años también llamó la atención de los investigadores. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indicaron ayer que esos 24.000 litros de PCB no habían sido retirados porque existe un contencioso judicial en el seno de la industria que lo impedía.

La actividad de la fábrica fue clausurada cautelarmente por la Consejería de Medio Ambiente el sábado, tras el accidente. La Plataforma Ecológica de La Poveda, integrada por vecinos de este barrio, llevaba tiempo denunciando la peligrosidad de los vertidos de esta empresa. Los vecinos se quejaban de que éstos iban directamente a la red general de alcantarillado y les atribuían los fuertes olores que habitualmente había en sus vivieridas. El pasado marzo, la consejería denegó a la industria el vertido a la red general de las llamadas agua de proceso (las que podían causar los olores) y le obligó a llevarlas directamente, a través de un tubo de un kilómetro y medio de longitud, hasta la depuradora. El tubo ya estaba en funcionamiento, pero la obra se ejecutó sin cumplimentarse todos los requisitos exigibles. Tras el suceso, los vecinos han presentado una denuncia contra el consejero Carlos Mayor Oreja.