La 'ley del fútbol' viola la seguridad jurídica, según constitucionalistas

La llamada ley del fútbol, en la redacción aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, viola el principio constitucional de seguridad jurídica, según los constitucionalistas consultados por este periódico. Entre ellos, Marc Carrillo coincide con Diego López Garrido -ambos catedráticos de Derecho Constitucional- en que la retroactividad de la futura ley vulnera la seguridad jurídica exigida por el artículo 9.3 de la Constitución.Carrillo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, considera que "la retroactividad de esta ley no es de recibo desde un punto de vista constitucional, ya que el artículo 9.3 garantiza 'la irretroactividad' de las disposiciones restrictivas de derechos". Carrillo, experto también en derecho a la información, estima que "desde un punto de vista constitucional no es asumible que una ley que se refiere a una actividad relacionada con el ejercicio de derechos constitucionales tenga carácter retroactivo".

Por otra parte, este constitucionalista señala que "habida cuenta de que actualmente hay proliferación de compradores de los derechos de transmisiones televisivas futbolísticas, eso reafirma una situación de libre competencia". Recuerda que "si el objetivo de la ley es asegurar esa libre competencia, la realidad actual no es contraria a ella, por lo que carece de sentido legislar para alcanzar una finalidad que ya se cumple. La exposición de motivos de la ley invoca "la libre concurrencia de las empresas informativas".

Ataque a la libertad de empresa

López Garrido, catedrático en la universidad de Castilla-La Mancha, cree que la ley del fútbol viola, además, el artículo 38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa, en especial interpretado "a la luz del principio del derecho comunitario de confianza legítima, por la que los poderes públicos dan una creencia de estabilidad que no se puede romper mediante una ley coyuntural, en base no se sabe a qué". Este jurista y dirigente de Nueva Izquierda recuerda que las directivas europeas "están por encima del ordenamiento español".Para López Garrido, "la situación creada por los contratos realizados por los operadores en la confianza de que una legislación los amparaba, sólo podría cambiarse si hubiera unos principios o fines constitucionales que avalaran ese cambio, que es una mera decisión caprichosa y una represalia en función de un hecho coyuntural: el pacto de Nochebuena". López Garrido asegura que "no hay proporcionalidad entre la violación de la seguridad jurídica, muy importante en la vida económica, y los beneficios que el Gobierno dice que se van a obtener, cuando lo que se producirá será un perjuicio a la Hacienda Pública, ya que tendrá que indemnizar a los perjudicados".