Defensa de la Competencia. manda expedientar a Renfe por una tarifa

El servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Haciénda debe dilucidar si Renfe comete un abuso al cobrar lo mismo por ir del puerto de Navacerrada a Cercedilla (10 kilómetros aproximadamente de trayecto) que de allí a Madrid (unos 70 kilómetros). La empresa ferriviaria arguye que ese tren es "especial" por su carácter "turistico" y "de montaña".

César Suárez Barcelar, concejal de Personal de Getafe, denunció en 1993, a título particular, ese hecho que considera injusto. Según Renfe, sólo unas 500 personas utilizan a diario la línea Cercedilla-Cotos (el billete sencillo cuesta-465 pesetas y con ¡da y vuelta 725).El volumen de viajeros sube a 2.500 los fines de semana, e incluso a 5.000 cuando hay nieve (la tarifa también asciende sábados y domingos: a 535, sin posibilidad de ida y vuelta). La compañía aduce que el componente de servicio social se cubre con el abono de transporte.

La Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional desestimó en enero pasado un recurso presentado por Renfe contra una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia que ordenaba abrir expediente a la compañía ferroviaria por un eventual "abuso de posición de dominio".

Renfe había conseguido que el director general de Defensa de la Competencia archivase la denuncia de César Suárez, pero éste recurrió al Tribunal de Defensa de la Competencia, que ordenó abrir el expediente.

Usuario interesado

Renfe recurrió a la Audiencia Nacional alegando, según se recoge en su sentencia, que el denunciante carecía de legitimidad para participar en el procedimiento sancionador "por carecer de la cualidad de interesadoA esto contesta la Audiencia Nacional que, en caso de qué se estime la denuncia (no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión), la resolución producirá como efecto la modificación de las tarifas, "que, evidentemente, sí afecta a los usuarios".

De todas formas, la Ley de Defensa de la Competencia señala que "cualquier persona, interesada o no", puede formular denuncia, puesto que ésta es "pública".

El mismo texto legal establece multas de hasta 150 millones por conculcar sus preceptos, que se pueden aumentar hasta el 10% del volumen de ventas de la empresa.

En todo caso, César Suárez ya ha decidido no personarse como parte en el expediente, porque para ello debería designar abogado y procurador, con los gastos que ello origina.

"Es un tema público y no quiero gastarme más dinero en ello", dice. De todos modos, el expediente seguirá su curso normal hasta que el Tribunal de Defensa de la Competencia dicte una resolución que podrá finalizar con una orden de modificar sus tarifas.