Mariscal de Gante ultima su decisión contra el traslado de la fiscal Márquez

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ultimaba ayer su resolución, previsiblemente contraria, a la propuesta de traslado forzoso de la fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, realizada por el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo y remitida a la ministra el 22 de abril último. Fuentes de Justicia estiman muy probable que la titular de Justicia informe el próximo viernes al Consejo de Ministros de su decisión, que otras fuentes jurídicas estiman que será contraria a esa sanción y favorable a otro castigo que debería adoptar el Consejo Fiscal.Tales fuentes estiman que Mariscal de Gante no es partidaria de trasladar a Márquez de Prado, a pesar de que la propuesta de sanción está justificada en los graves enfrentamientos mantenidos por la fiscal con varios jueces centrales de instrucción y otros magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El fiscal Ignacio Gordillo anunció que, en caso de que se produjera el traslado forzoso de Márquez de Prado, él también solicitaría continuar trabajando fuera de la Audiencia Nacional.

Por su parte, Ortiz Úrculo comunicó al vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, su dificultad para continuar al frente del Ministerio Fiscal si el traslado de Márquez de Prado no es respaldado por el Gobierno. El criterio de la ministra de Justicia contrario a esa sanción ha conducido a que se empiece a buscar sustituto a Ortiz Úrculo. Por el momento, José Aparicio Calvo-Rubio, número dos de la fiscalía general, es el candidato más cualificado.

"Incomprensible"

El PSOE considera que la no ejecución de la sanción a Márquez de Prado es un "auténtico desastre" para la justicia. María Teresa Fernández de la Vega, portavoz de Justicia del PSOE, que hoy preguntará a la ministra en el pleno del Congreso sobre su decisión, consideró ayer "incomprensible que las sanciones [a varios fiscales de la Audiencia Nacional] aún no se hayan podido aplicar". Aseguró que tales sanciones las reclama "el Consejo Fiscal, la carrera fiscal, la oposición y los ciudadanos".

En cambio, María Tardón, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, minoritaria y moderada, pidió "calma" ante las "prisas y presiones" para que se resuelvan los asuntos de la Audiencia Nacional. Tardón aseguró que se "están sacando las cosas de quicio", ya que todo requiere "su tiempo y su procedimiento".

Por su parte, la dirección de Jueces para la Democracia, asociación judicial progresista y minoritaria, reprochó ayer al Gobierno que "quiera saldar el asunto con la dimisión o el cese del fiscal general, que se convertiría de ese modo en auténtico chivo expiatorio de lo que en definitiva es una total falta de ideas respecto de cual es o debe ser el papel de una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado".